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• La diputada Joanna Felipe (PAN) propuso cárcel de seis a 12 años a quien, sin la autorización que deba otorgar la persona facultada o la autoridad correspondiente, realice u ordene cremar, ocultar, destruir, mutilar, sepultar o exhumar un cadáver, o partes o restos humanos, de una persona no identificada.
• También plantea imponer de seis meses a dos años de prisión, a quien incinere un cadáver, un feto, partes o restos humanos, sin los requisitos que exige la ley.
• Al 30 de abril pasado, señala la propuesta, el Estado de México registró 14 mil 665 personas desaparecidas.
La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) propuso imponer una pena de seis a 12 años de prisión a quien, sin la autorización de la persona legalmente facultada o de la autoridad correspondiente, realice u ordene la cremación, ocultamiento, destrucción, mutilación, sepultura o exhumación de un cadáver, partes o restos humanos de una persona no identificada.
Al señalar que en ciertos casos no es posible recuperar los cuerpos de personas desaparecidas y fallecidas por haber sido incinerados, destruidos o desintegrados con la intención dolosa de eliminar sus rastros, también propuso imponer de seis meses a dos años de prisión, a quien, además de destruir, mutilar, sepultar, o exhumar un cadáver, un feto, partes o restos humanos, los incinere, sin los requisitos que exige la ley.
La legislación vigente señala, entre estos requisitos, acta de defunción certificada, certificado médico de defunción, orden de inhumación emitida por el Registro Civil, identificación oficial del responsable, y el título de propiedad o permiso de uso de fosa en el panteón.
La iniciativa, presentada en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense y que propone modificar el Código Penal y la Ley Orgánica Municipal de la entidad, señala que México tiene un registro, con corte al 30 de abril pasado, de 133 mil 563 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 14 mil 665 corresponden al Estado de México, lo que representa el 11 por ciento.
El proyecto legislativo, suscrito por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador de la bancada del PAN, califica como un dato preocupante que, entre las personas desaparecidas, la mayoría sean mujeres de entre 15 y 19 años, quienes, añade el texto, por su edad pueden ser víctimas de trata y explotación sexual. Asimismo, indica que, cuando una persona no es localizada, las especulaciones sobre su paradero suelen incrementarse debido a la crisis de inseguridad que se vive en México.
La legisladora apuntó que la incineración o destrucción de cuerpos en ocasiones ocurre dentro de cementerios, con la posible complicidad de personas encargadas de funerarias, panteones o crematorios, ya sean públicos o privados.
Por ello, consideró urgente regular sus servicios, a fin de prevenir la entrada de cuerpos sin la autorización de las autoridades competentes y evitar que se incineren, sepulten, inhumen, desintegren o destruyan, total o parcialmente, restos humanos o el cadáver de una persona no identificada.
Para lo anterior plantea, además, que los municipios tengan a su cargo, además de los panteones, crematorios y servicios funerarios.
Al presentar el documento, la proponente envió su solidaridad y respeto a las familias que cuentan con un familiar desaparecido.
• El diputado Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, reconoció que el trabajo de las madres servidoras públicas del Poder Legislativo contribuye al fortalecimiento de la institución y a los resultados que ésta entrega a la población mexiquense.
• En la conmemoración del ‘Día de las Madres’, el legisladoradmitió que, gracias a su compromiso y dedicación, la institución se destaca por su productividad legislativa.
El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXII Legislatura del Estado de México, reconoció que el trabajo de las madres servidoras públicas del Poder Legislativo contribuye al fortalecimiento de la institución y las cuentas que sus diputadas, diputade y diputados entregan a la población.
En la ceremonia del ‘Día de la Madre en México’ (conmemorada el 10 de mayo), el legislador agradeció el compromiso y dedicación de las festejadas con el Congreso estatal, lo cual se refleja en la productividad legislativa.
Con la presencia de Bedelia Guevara González, presidenta del Voluntariado del Poder Legislativo, Francisco Vázquez destacó la energía y compromiso de estas servidoras públicas, quienes además atienden el cuidado de sus hogares y de sus hijas e hijos, y las convocó a seguir dando su mejor esfuerzo por una institución que se honra de contar con ellas entre sus filas.
Ante 728 madres servidoras públicas y la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Directiva de la Legislatura, Bedelia Guevara González reconoció la entrega, presencia y acompañamiento de las trabajadoras del Poder Legislativo, incluso en medio del cansancio y de los momentos más difíciles, tanto en el ámbito laboral como en el familiar.
Acompañada de diputadas, diputade y diputados, así como de titulares de las diferentes áreas del Poder Legislativo, Bedelia Guevara refrendó el respaldo de la institución con quienes siempre encuentran la manera de sostener, cuidar y dar esperanza a quienes las rodean.
• El diputado Octavio Martínez (morena) propuso establecer la obligatoriedad del uso del Sistema Electrónico de Contratación Pública del Estado de México ‘Compramex’ en los procedimientos de licitación pública y adjudicación directa.
• La iniciativa también busca establecer plazos para la publicación de los actos, a fin de garantizar condiciones mínimas de transparencia, trazabilidad, control y acceso público a la información.
• El proyecto atiende las recomendaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Con el objetivo de cerrar espacios de discrecionalidad, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) propuso establecer expresamente la obligatoriedad del uso del Sistema Electrónico de Contratación Pública del Estado de México ‘Compramex’ en los procedimientos de licitación pública y adjudicación directa, además de fijar plazos para la publicación de los actos, a fin de garantizar condiciones mínimas de transparencia, trazabilidad, control y acceso público a la información.
De esta manera, la iniciativa de reforma a la Ley de Contratación Pública estatal y a su reglamento busca fortalecer la prevención de irregularidades administrativas y del desvío de recursos públicos, promover la competencia y consolidar un modelo sustentado en la transparencia, la rendición de cuentas y el uso estratégico de herramientas tecnológicas, en congruencia con los principios rectores de la fiscalización superior y las mejores prácticas en la gestión del gasto público.
El proyecto, presentado en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, plantea que los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen con cargo a recursos estatales, total o parcialmente, deberán desahogarse de manera obligatoria por conducto de Compramex; mientras que, en el caso de los ayuntamientos, los actos, contratos o convenios que se celebren con cargo a recursos municipales deberán publicarse en el mismo sistema.
Lo anterior, garantizando el acceso público a la información, salvo las excepciones establecidas en la legislación aplicable en materia de transparencia y protección de datos personales.
El documento también plantea que la licitación pública sea la regla general para la adquisición de bienes, contratación de servicios y obra pública, y que, en las distintas modalidades de este proceso (presencial, electrónica y mixta), la convocatoria, las bases, las juntas de aclaraciones, la presentación y apertura de propuestas, los fallos, los contratos y demás actos que integren el procedimiento también sean publicados y tramitados a través de Compramex dentro de los 10 días hábiles siguientes a la celebración de cada uno.
También en este caso, y en apego al derecho de acceso a la información, se exceptuarán únicamente los supuestos descritos anteriormente o aquellos en los que la información tenga carácter reservado o confidencial.
Respecto a las adjudicaciones directas que pueden realizar la Oficialía Mayor, las entidades, los tribunales administrativos y los ayuntamientos sobre bienes, arrendamientos y contratación de servicios, se propone que deban registrarse y publicarse obligatoriamente en el sistema dentro de los 10 días hábiles posteriores a la celebración del contrato, incluyendo, como mínimo, la justificación legal y técnica, el proveedor o contratista adjudicado, el monto, el objeto del contrato y el plazo de ejecución.
En su exposición de motivos, el legislador señala que la propuesta de reforma atiende las recomendaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), en el sentido de fortalecer los expedientes electrónicos de contratación, facilitar la fiscalización posterior y preventiva, y asegurar la trazabilidad de cada etapa del procedimiento.
La incorporación de plazos específicos para la publicación de la información en Compramex, añade la iniciativa, también permite homologar criterios, reducir márgenes de interpretación y generar certeza jurídica tanto para las autoridades contratantes como para los proveedores y la ciudadanía en general.
El proyecto refiere que la contratación pública constituye uno de los ámbitos más sensibles del ejercicio del gasto gubernamental, porque concentra una parte significativa de los recursos públicos y representa un área de alto riesgo para la comisión de irregularidades administrativas y el desvío de recursos, por lo que el fortalecimiento de los mecanismos normativos que aseguren la máxima publicidad, trazabilidad y control de los procedimientos de contratación resulta una obligación ineludible del Estado.
Precisa que el OSFEM, en diversos informes de resultados de la fiscalización superior de las cuentas públicas estatales y municipales, ha identificado de manera reiterada observaciones relacionadas con deficiencias en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, particularmente en materia de adjudicaciones directas, falta de documentación comprobatoria, ausencia de justificación suficiente de las excepciones a la licitación pública, así como inconsistencias en la integración de expedientes y en la publicación de la información correspondiente.
Dichas observaciones, agrega, han derivado en múltiples casos en promociones de responsabilidad administrativa y en recomendaciones orientadas a reforzar los mecanismos de control y transparencia.
Refiere que, de acuerdo con los criterios sostenidos por el OSFEM, la opacidad en los procedimientos de contratación y la dispersión de la información relativa a los mismos incrementan los riesgos de discrecionalidad en la toma de decisiones, limitan la competencia económica y dificultan las labores de fiscalización y rendición de cuentas. En particular, precisa, el uso recurrente de la adjudicación directa, sin un adecuado soporte documental y sin mecanismos efectivos de publicidad, ha sido señalado como uno de los principales focos de riesgo en el manejo de los recursos públicos a nivel estatal y municipal.
Admite que, si bien la Ley de Contratación Pública y su reglamento contemplan actualmente el uso del sistema como un medio preferente para la realización de los procedimientos de contratación, la redacción vigente ha permitido interpretaciones discrecionales y excepciones injustificadas que debilitan su eficacia como herramienta de control. Esta situación, subraya, contraviene los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas.
En sus artículos transitorios, plantea que, de aprobarse por el Pleno legislativo, el Ejecutivo estatal contará con un plazo de 90 días naturales para realizar las adecuaciones reglamentarias para el cumplimiento del decreto. En tanto, las dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos deberán realizar las acciones de capacitación y adecuación tecnológica necesarias para garantizar el uso obligatorio del sistema, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
• La diputada Vanessa Linares (PVEM) planteó que, de manera excepcional, el aseguramiento de la obligación alimentaria recaiga sobre los recursos depositados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, o su equivalente, de la persona responsable.
• Al presentar la propuesta de la bancada, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc, refirió que la entidad ocupa el primer lugar nacional por personas deudoras alimentarias.
Al exponer que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en número de deudoras y deudores alimentarios —con mil 758 casos registrados en 2021—, la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) planteó que, de manera excepcional, el aseguramiento de la obligación alimentaria recaiga sobre los recursos depositados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, o su equivalente, de la persona responsable.
Para lo anterior, señala la iniciativa presentada en el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense, la persona juzgadora deberá verificar que la persona deudora se encuentre desempleada y carezca de otros bienes suficientes para cumplir con su obligación alimentaria.
Además, tendrá que verificar previamente la existencia de recursos en la subcuenta de aportaciones voluntarias o su equivalente y, en su caso, ordenar su embargo en primer término, respecto de los montos que sean legalmente embargables, y sólo ante su inexistencia o insuficiencia, ordenar el embargo de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, o su equivalente.
El documento señala que el embargo únicamente podrá realizarse hasta por el monto equivalente al que la persona trabajadora pueda disponer voluntariamente en caso de desempleo, según la legislación vigente.
Asimismo, el juez o la jueza deberá ordenar a la institución administradora correspondiente la entrega periódica de los recursos estrictamente necesarios para garantizar el mínimo vital de la persona acreedora alimentaria, hasta que la o el deudor obtenga empleo o se agoten los recursos disponibles.
La propuesta del Grupo Parlamentario del PVEM, coordinado por José Alberto Couttolenc Buentello, expone que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias vulnera principalmente los derechos de las y los menores, además de representar una forma de violencia económica contra las mujeres, particularmente contra las madres cuidadoras.
En ese sentido, señala que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en número de deudores alimentarios, con mil 758 casos registrados en 2021.
Además, a nivel nacional, hasta el 67.5 por ciento de niñas, niños y adolescentes no reciben pensión alimenticia tras el divorcio de sus progenitores, lo que implica que tres de cada cuatro crezcan sin el respaldo económico que por derecho les corresponde.
El texto añade que el Estado no puede permitir que existan mecanismos financieros utilizados para evadir responsabilidades familiares, mientras las madres enfrentan solas las consecuencias económicas del abandono, y con esta reforma al Código Civil estatal se avanzaría en la protección de la niñez, pero también en el combate a la violencia económica que viven miles de mujeres mexiquenses.
• Por la actualización de su sitio web y la disposición de datos socioeconómicos por municipios, el Congreso mexiquense obtuvo un doble reconocimiento por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.
• El lanzamiento de la nueva página web institucional forma parte de una estrategia integral de modernización tecnológica y fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información pública del Poder Legislativo impulsada por el diputado José Francisco Vázquez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política.
• Las distinciones por prácticas de transparencia proactiva fueron recibidas por Violeta Isabel Huerta, directora general de Comunicación Social del Poder Legislativo, y Juan Carlos Villarreal, director general del Instituto de Estudios Legislativos (Inesle).
El Congreso mexiquense recibió un doble reconocimiento por prácticas de transparencia proactiva por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), resultado de la renovación integral de su sitio web y la disposición de datos socioeconómicos por municipios implementada por el Instituto de Estudios Legislativos (Inesle).
El lanzamiento de la nueva página web institucional (www.congresoedomex.gob.mx), disponible desde abril del 2026, forma parte de una estrategia integral de modernización tecnológica y fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información pública del Poder Legislativo mexiquense impulsada por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien ha subrayado la importancia de las nuevas tecnologías para acercar, mediante formatos más claros, ágiles y accesibles, el trabajo parlamentario a la ciudadanía.
Violeta Isabel Huerta López, directora general de Comunicación Social del Poder Legislativo, y Juan Carlos Villarreal Martínez, director general del Inesle, recibieron los galardones por parte deSharon Morales Martínez y Guadalupe Ramírez Peña, comisionadas del Infoem, en presencia de Juan Miguel Hernández Martínez, titular de la Unidad de Información del Congreso mexiquense, en representación del legislador José Francisco Vázquez.
Respecto a la información estadística alojada en un micrositio del Inesle (www.inesle.gob.mx), se trata de datos socioeconómicos de los 125 municipios del a entidad, incluidas variables demográficas, financieras y presupuestales, así como la integración de los cabildos y la representación legislativa a nivel estatal y federal. El objetivo es presentar esta información de manera sistematizada y analizada, a efecto de fortalecer la toma de decisiones públicas y el trabajo legislativo.
Lo anterior, mediante la generación de insumos accesibles, comparables y relevantes para la comprensión de problemáticas territoriales por parte de la ciudadanía. Asimismo, con este esquema, cuyo desarrollo contó con la colaboración de la Dirección de Informática del Congreso mexiquense, se busca reducir asimetrías de información, facilitando el acceso a datos estructurados no solo para las personas servidoras públicas, sino también para cualquier persona interesada, garantizando que la información se encuentre disponible para consulta pública.
Durante la ceremonia de entrega de los reconocimientosse destacó, mediante un video,que la actualización de la página de internet del Congreso mexiquense permite mejores prácticas de interfaz gráfica y experiencia de personas usuarias, mientras que las estadísticas dispuestas por el Inesle están orientadas a fortalecer el acceso a información estratégica municipal.
El Congreso mexiquense fue uno de los sujetos obligados que cumplieron con el 100 por ciento de los criterios de evaluación de prácticas de transparencia proactiva.
En el evento, realizado en el auditorio del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), en el que también participaron María del Rosario Mejía Ayala, comisionada del Infoem, y David Silva Miranda, titular del IFREM, se otorgaron además menciones especiales y constancias a la continuidad de prácticas de transparencia proactiva a distintas instituciones.
Cabe señalar que 31 sujetos obligados participaron en la Convocatoria al Reconocimiento de Prácticas de Transparencia Proactiva 2026, con un total de 48 prácticas, de las cuales dos propuestas fueron descartadas por no alinearse con las hipótesis previstas en la normatividad y 46 se consideraron procedentes para recibir alguna distinción.
Respecto al sitio web del Congreso mexiquense, es importante resaltar que se implementaron criterios que permiten consultar de manera ágil contenidos clave como la agenda legislativa, iniciativas, gaceta parlamentaria, decretos, datos sobre sesiones, iniciativas, votaciones, entre otros, además de que se incorporaron mejores prácticas de navegabilidad y experiencia de personas usuarias, con herramientas que facilitan la identificación del trabajo legislativo.
En el nuevo sitio destaca la integración de perfiles de personas diputadas, así como de comisiones y comités, acompañados de buscadores optimizados que permiten ubicar información de forma precisa y oportuna.
Entre sus principales innovaciones se encuentra la interconectividad entre secciones, lo que reduce el número de clics necesarios para acceder a contenidos relevantes y mejora el flujo de navegación. Además, el portal privilegia criterios de neutralidad, institucionalidad y sobriedad visual, en apego al Manual de Identidad Gráfica del Congreso.
El sitio también incluye un enfoque de divulgación, mediante secciones explicativas que permiten a la ciudadanía comprender mejor las funciones del Congreso, así como el papel de sus órganos parlamentarios, como la Directiva, la Jucopo y las comisiones legislativas.
• La bancada del PVEM presentó una reforma histórica para tipificar como delito penal la contaminación de agua para consumo humano.
• Las penas alcanzarían de 3 a 9 años de prisión para quienes pongan en riesgo la salud pública.
Ante la grave crisis hídrica y la alarmante pérdida de calidad del agua en la entidad, la diputada Miriam Silva, en conjunto con las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de la LXII Legislatura mexiquense, presentaron una iniciativa de ley contundente para castigar con cárcel a quien contamine el agua destinada directa o indirectamente al consumo humano.
La iniciativa, que propone reformar el Código para la Biodiversidad y el Código Penal del Estado de México, busca terminar con la impunidad de quienes dañan las redes de distribución, sistemas de almacenamiento y cuerpos de agua con residuos, sustancias químicas y agentes biológicos.
“No podemos permitir que el derecho al agua se convierta en una amenaza para nuestras familias. Quien contamina el agua y pone en riesgo nuestra salud, ya no solo enfrentará un trámite administrativo; a partir de ahora, se enfrentará a la justicia penal. Con la salud de las y los mexiquenses no se juega”, destacó la diputada Miriam Silva al respaldar el proyecto de su bancada.
Los puntos clave de la iniciativa del Partido Verde incluyen: prisión y multas severas: Se impondrán de tres a nueve años de cárcel, así como multas de trescientas a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien contamine el agua ilícitamente, por acción u omisión.
Cero tolerancia en zonas vulnerables: las penas de prisión aumentarán hasta en una mitad si la contaminación afecta el abastecimiento de hospitales, escuelas, centros de salud, guarderías, o poblaciones en condiciones de alta vulnerabilidad.
Castigo al lucro y encubrimiento: las agravantes también aplicarán para quienes contaminen movidos por el ánimo de lucro, en el ejercicio de actividades industriales, o que oculten deliberadamente información para retrasar el saneamiento de las fuentes de agua.
Obligación de denunciar: se adiciona el artículo 2.160 Bis al Código para la Biodiversidad para obligar a la Secretaría a presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente cuando detecten estas conductas ilícitas.
Sanciones por lesiones o muerte: si el consumo del agua contaminada provoca lesiones o la pérdida de vidas de una o más personas, se aplicarán además las sanciones correspondientes a dichos delitos.
La bancada del Partido Verde, encabezada por su coordinador José Alberto Couttolenc Buentello, y respaldada por la diputada Miriam Silva, reafirmó que la protección del agua debe ocupar un lugar central en la agenda pública del Estado de México. Garantizar el acceso al agua sin asegurar que ésta sea salubre y segura es una protección incompleta del derecho constitucional.
Con esta reforma, el Estado de México transitará hacia una legislación más eficaz y moderna que prevenga, detecte, denuncie y sancione la contaminación del agua en congruencia con el derecho humano al agua y la salud.
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