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• La diputada Zaira Cedillo (morena) convocó a fortalecer la prevención, la información y el acompañamiento para que nadie tenga que enfrentar embarazos no deseados o procesos gestantes en abandono o con desesperación.
• Llamó a investigar el caso de la muerte de un recién nacido, después de ser abandonado en un contenedor de basura del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, el pasado 14 de abril.
• Invitó a congresistas a aprobar reformas para reforzar la prevención del embarazo no deseado y la educación sexual y reproductiva, mientras que conminó a madres y padres a otorgar apoyo a sus hijas e hijos, así como información para ejercer una sexualidad responsable.
Tras lamentar y llamar a investigar el caso de la muerte de un recién nacido, después de ser abandonado el 14 de abril en un contenedor de basura del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, la diputada Zaira Cedillo Silva (morena) convocó a fortalecer la prevención, la información y el acompañamiento para que nadie tenga que enfrentar embarazos no deseados o procesos gestantes en abandono o con desesperación.
En sesión deliberante, la legisladora aclaró que nada justifica el abandono, pero solicitó reconocer que hay condiciones materiales que llevan a mujeres a vivir estos procesos en la adversidad o en contextos de violencia de género.
Por ello, invitó a congresistas a aprobar reformas a la Ley de Educación estatal en materia de prevención del embarazo no deseado, concientizando a las juventudes sobre la importancia de ejercer su sexualidad con responsabilidad, sin riesgos y con respeto a sus derechos sexuales y reproductivos.
La congresista también hizo un llamado a madres y padres para que sus hijas e hijos cuenten con una red de apoyo y otorguen información para una vida plena, ejerzan su sexualidad de manera responsable y que, cuando lo decidan, vivan una maternidad o una paternidad informada y amorosa.
La también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso mexiquense destacó que detrás de este hecho, así como del hallazgo de un feto en los sanitarios de la Preparatoria 87, ubicada en Atizapán de Zaragoza, también el pasado 14 de abril, suele haber miedo, desinformación, violencia, estigma y jóvenes que enfrentan maternidades y paternidades en absoluta soledad.
En este sentido, subrayó que la maternidad y la paternidad deben ser deseadas, libres y acompañadas, por lo que la falta de acceso a información, educación sexual, servicios de salud oportunos y redes de apoyo es una falla de la sociedad.
“Hablar de maternidades y hablar de paternidades deseadas también significa hablar de autonomía, de acceso a la salud y a la educación y, por supuesto, de comunidad. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que en el Estado de México exista más información, más apoyo, que sea apoyo institucional y también acompañamiento”, enfatizó.
• El Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM) planteó ajustes al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos para incentivar la regularización del padrón vehicular, evitar la migración de contribuyentes hacia otras entidades y fortalecer la recaudación estatal.
• Propuso exención para vehículos de hasta 550 mil pesos y esquema progresivo en el impuesto.
• El diputado Héctor García reconoció que, mediante el subsidio de la tenencia estatal, más de 5.2 millones de personas cumplieron con su pago y se obtuvo una recaudación superior a seis millones de pesos en el primer trimestre del año.
Para fortalecer la recaudación mediante ajustes al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el Grupo Parlamentario del PVEM planteó tarifas más accesibles, así como la exención de dicha contribución para vehículos cuyo valor no exceda los 550 mil pesos, a fin de incentivar a las personas tenedoras o propietarias de automóviles a regularizar su situación fiscal y mantener el registro de sus unidades.
La iniciativa de la bancada coordinada por el legislador José Alberto Couttolenc Buentello, y leída en tribuna por el diputado Héctor Raúl García González, explica que este impuesto es una contribución anual que se aplica sobre la posesión o uso de vehículos, cuyo monto depende principalmente del valor y la antigüedad de la unidad.
Al respecto, Héctor García señaló que, para muchas familias, esta erogación se ha convertido en un trámite incómodo que las obliga a buscar alternativas en otras entidades federativas.
No obstante, reconoció el esfuerzo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del gobierno estatal, ya que, a través del subsidio de la tenencia, se ha logrado que más de 5.2 millones de personas cumplan con su pago y se alcance una recaudación superior a 6 millones de pesos en el primer trimestre del año, lo que demuestra que “cuando el impuesto es accesible, la población cumple con esa obligación”.
Puntualizó que, cuando un vehículo se emplaca fuera de la entidad, no solo se deja de pagar la tenencia, sino que se pierde un flujo de ingresos que podría destinarse a infraestructura, servicios y desarrollo. Añadió que no se trata de cobrar más, sino de lograr que más personas contribuyan en condiciones justas.
El documento establece tarifas específicas aplicables a automóviles destinados al transporte particular de hasta 15 personas pasajeras, estructuradas conforme a distintos rangos de valor y con una reducción respecto de las cuotas actualmente vigentes, así como actualizar anualmente dichas tarifas en el marco del paquete económico, garantizando que su fijación no esté por encima de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.
De esta manera, la tarifa a pagar se determinará conforme a rangos de precios del vehículo: para unidades con valor de 0 a 550 mil pesos, la tarifa será de 575.91 pesos; de 550 mil 01 a 638 mil pesos, de mil 036.64 pesos; y de 638 mil a un millón de pesos, de 2 mil 500 pesos.
Mientras que, tratándose de automóviles destinados al transporte particular, con capacidad de hasta 15 pasajeros y con un valor total superior a un millón 500 mil 001 pesosdepreciado y actualizado, la tarifa del impuesto a pagar se determinará conforme a rangos de precios del vehículo; para unidades con valor de un millón 500 mil 001 a 2 millones 500 mil 001 pesos, 30 mil pesos; de 2 millones 500 001pesos a 3 millones 500 mil pesos, de 40 mil pesos; y de 3 millones 500 mil 001 en adelante, la tarifa será de 50 mil pesos.
De acuerdo con la iniciativa para reformar el Código Financiero del Estado de México y Municipios, las medidas buscan incentivar la regularización del padrón vehicular, evitar la migración de contribuyentes hacia otras entidades federativas y fortalecer la recaudación estatal, en beneficio de las finanzas públicas y de la población.
● El diputado Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, destacó el lanzamiento de la nueva página web que prioriza accesibilidad, transparencia y experiencia de personas usuarias.
● En el nuevo sitio se integraron herramientas para facilitar el acceso a iniciativas, gaceta parlamentaria, decretos e información de sesiones.
Como parte de la modernización tecnológica del Poder Legislativo mexiquense, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), destacó el lanzamiento de la nueva página web institucional como parte de una estrategia integral para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública.
Durante el anuncio, el legislador subrayó la relevancia de incorporar nuevas tecnologías que permitan acercar el trabajo parlamentario a la ciudadanía de manera más clara, ágil y accesible, con numeralia básica del trabajo legislativo en el periodo de la actual Legislatura.
“Hoy damos un paso importante en la modernización tecnológica del Congreso, con el lanzamiento de una nueva página web en la que se concentrará de manera clara y accesible toda la información legislativa, incluidas las iniciativas por cada diputada, diputade y diputado. Esta plataforma incorpora una tecnología renovada, con micrositios plenamente interconectados y una imagen institucional fortalecida”, apuntó.
Cabe señalar que el rediseño del portal web, albergado en la misma dirección (www.congresoedomex.gob.mx), respondió a la necesidad de optimizar el acceso a la información legislativa, mediante una estructura más clara, organizada y funcional.
En este sentido, se implementaron criterios que permiten consultar de manera ágil contenidos clave como; la agenda legislativa, iniciativas, gaceta parlamentaria, decretos, datos sobre sesiones, iniciativas por cada diputada, diputado y diputade, las votaciones, entre otros, favoreciendo así una mayor apertura institucional.
Asimismo, se incorporaron mejores prácticas de navegabilidad y experiencia de personas usuarias, con herramientas que facilitan la identificación del trabajo legislativo.
En el nuevo sitio destaca la integración de perfiles de diputadas y diputados, así como de comisiones y comités, acompañados de buscadores optimizados que permiten ubicar información de forma precisa y oportuna.
Entre las principales innovaciones de la plataforma se encuentra la interconectividad entre secciones, lo que reduce el número de clics necesarios para acceder a contenidos relevantes y mejora el flujo de navegación. Además, el portal privilegia criterios de neutralidad, institucionalidad y sobriedad visual, en apego al Manual de Identidad Gráfica del Congreso.
El sitio también incluye un enfoque de divulgación, mediante secciones explicativas que permiten a la ciudadanía comprender mejor las funciones del Congreso, así como el papel de sus órganos parlamentarios, como la Directiva, la Jucopo y las comisiones legislativas.
• Para fortalecer la protección a los animales, el Grupo Parlamentario de morena (GPmorena) y el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) plantearon, por separado, la expedición de una nueva ley, fortalecer los centros municipales de bienestar animal y elevar las penas de prisión por muerte o maltrato, las cuales alcanzarían una sanción máxima de nueve años si los actos son cometidos por personas servidoras públicas.
• El diputado José Miguel Gutiérrez (morena) propuso expedir la Ley para el Control, Protección y Bienestar Animal del Estado de México y Municipios, y reconocer en la Constitución local que, además de ser seres sintientes, los animales son seres conscientes.
• La diputada Krishna Romero (PAN) planteó imponer de dos a seis años de prisión y de 150 a 600 días multa, a quien cometa el delito de maltrato y cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte.
Para fortalecer la protección de los animales, en el Congreso local las bancadas de morena y del PAN plantearon, por separado, la expedición de una nueva ley, fortalecer los centros municipales de bienestar animal y elevar las penas de prisión por muerte o maltrato, las cuales alcanzarían una sanción máxima de nueve años si los actos son cometidos por personas servidoras públicas.
En sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, el diputado José Miguel Gutiérrez Morales (morena) propuso expedir la Ley para el Control, Protección y Bienestar Animal del Estado de México y Municipios, así como reconocer en la Constitución local que, además de ser seres sintientes, los animales son seres conscientes, por lo que deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida, buscando disminuir y eliminar su uso, maltrato, abuso y explotación.
Respecto de la ley planteada, su objetivo es proteger a los animales mediante la provisión de atención y auxilio, así como velar por su desarrollo natural y su salud, evitando el maltrato, la crueldad y el sufrimiento.
Aunado a ello, busca garantizar la salud pública a través del control y bienestar animal; promover la cultura, la educación y el trato humanitario hacia todas las especies; y regular la posesión, reproducción, desarrollo y sacrificio de los animales en el ámbito municipal, de conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables, entre otros fines.
Sobre las corridas de toros, aclaró que el ordenamiento propuesto las permite siempre y cuando no se provoque la muerte del animal, o se le causen lesiones.
Al recordar que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha declarado públicamente que dañar a los seres sintientes es un terrible acto de crueldad hacia un ser vivo y que, de acuerdo con diversos especialistas, es un elemento que coincide con el abuso infantil, con la violencia doméstica y otros tipos de violencia, llamó a apoyar sus políticas en el tema.
En cuanto a la pena de cárcel, propone reformar el Código Penal estatal para otorgar de tres a seis años de prisión y de 50 a 150 días multa, a quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento.
Además, la pena vigente de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días de multa para quien cause la muerte no inmediata de animales que no constituyan plaga, mediante el uso de métodos que prolonguen su agonía, se aplicará cuando dicha muerte ocurra por envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, golpes, ahogamiento por sumersión en agua u otro líquido, o hipotermia.
También por congelamiento, corriente eléctrica, ácidos corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsénico, paralizantes musculares u otras sustancias o procedimientos que causen dolor innecesario, o cuando se causen traumatismos con tubos, palos, varas con puntas de acero, látigos, instrumentos punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos.
Adicionalmente, se impondrán penas de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días de multa a quienes contraten, acuerden, presten, arrienden o faciliten inmuebles o espacios como sede para la realización de charreadas, jaripeos, rodeos o la lidia de toros, novillos o becerros, cuando en dichos eventos se ocasionen lesiones, heridas, cortes, traumatismos, laceraciones o contusiones que deriven en la agonía o la muerte de los animales.
Con la propuesta, quedan exceptuadas las peleas de gallos; el adiestramiento de animales; las actividades con fines cinegéticos, de pesca o de rescate, siempre y cuando se realicen en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Cabe citar que la norma actual determina que tales sanciones se incrementen hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por personas servidoras públicas que tengan por encargo el manejo de animales, por lo que podrían alcanzar hasta nueve años de confinamiento.
La congresista Krishna Karina Romero Velázquez, al presentar la iniciativa del GPPAN —coordinado por el legislador Pablo Fernández de Cevallos González—, explicó que la propuesta busca establecer sanciones de dos a seis años de prisión, así como multas de 150 a 600 días, para quien incurra en maltrato y cause lesiones dolosas a cualquier animal que no sea considerado plaga, independientemente de que exista o no la intención de provocarle la muerte.
Adicionalmente, mediante modificaciones al Código para la Biodiversidad estatal, plantea que el Ejecutivo estatal destine y establezca los mecanismos de apoyo financiero, subsidios o fondos específicos, conforme a la disponibilidad presupuestaria, para la creación y fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y operación de los centros de bienestar animal, priorizando municipios con menor capacidad financiera.
Asimismo, que las demarcaciones instalen, administren y operen estos centros, garantizando su adecuado funcionamiento mediante la asignación de presupuesto suficiente conforme a su capacidad financiera.
Además, que diseñen, implementen y ejecuten de manera permanente, campañas periódicas de educación, sensibilización y concientización social en materia de bienestar animal, orientadas a promover la tenencia responsable, el respeto, la protección, la procuración y el trato digno hacia los animales, así como a prevenir el abandono, el maltrato y la sobrepoblación animal.
Para la legisladora Krishna Romero, la protección de los animales no solo es un asunto ético, sino también un problema de salud pública y de seguridad, ya que se estima que alrededor de 5 millones viven en situación de abandono o en la vía pública en la entidad.
En este sentido, agregó que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la sobrepoblación de animales en las calles incrementa el riesgo de enfermedades como la rabia y la leptospirosis, además de elevar la incidencia de ataques, particularmente contra niñas, niños y personas adultas mayores.
• En comisiones unidas del Congreso mexiquense, diputadas y diputados locales acordaron conjuntar el estudio de las iniciativas de la legisladora Zaira Cedillo y Nelly Brigida, de morena, y de la Fundación Carmen Sánchez, para tipificar la violencia ácida o química.
• Las iniciativas buscan castigos más severos para las personas culpables, así como medidas de protección y reparación para las víctimas.
Al coincidir en tipificar la violencia ácida o química para tener castigos más severos para quienes atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres, diputadas y diputados de morena, PT y PAN respaldaron el estudio en conjunto de las iniciativas en la materia de las parlamentarias Zaira Cedillo Silva y Nelly Brigida Rivera, de morena, así como de la Fundación Carmen Sánchez.
En reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, las diputadas Zaira Cedillo Silva, Nelly Brigida Rivera, Selina Trujillo Arizmendi, de morena, Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) y Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), así como el legislador Octavio Martínez Vargas (morena) y Carmen Sánchez Flores, víctima de un ataque ácido y presidenta de la fundación que lleva su nombre, concordaron en que es necesario que esta forma de violencia sea reconocida como autónoma explícitamente en el marco normativo, para que los casos no se procesen como lesiones o violencia familiar.
En su participación, Zaira Cedillo indicó que las propuestas representan una respuesta institucional a una herida social que no debe repetirse en el Estado de México, y admitió que la omisión legal actualmente impide que las víctimas accedan a una atención integral y a una reparación del daño adecuada, lo cual genera impunidad.
Al referir que, hasta 2022, se habían denunciado al menos 100 casos de este tipo de violencia en el país, resaltó que el conjunto de iniciativas establecería en el marco jurídico el concepto de violencia ácida o química, medidas de protección, atención médica inmediata, rehabilitación física y psicológica, apoyo para integración social y laboral, así como la tipificación del delito con penas de prisión con diferentes agravantes.
Tras exponer su iniciativa, Nelly Brigida puntualizó que esta violencia no debe entenderse como una lesión física agravada, sino como una conducta autónoma que busca la anulación de identidad y la “muerte social” de las mujeres.
En este sentido, recordó que su propuesta castigaría con hasta 65 años de prisión las agresiones con ácido u otras sustancias corrosivas, químicas o cáusticas cuando deriven en la muerte o suicidio de las víctimas. Resaltó que, con estas reformas, el Estado de México se sumaría a los congresos de la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca, los cuales ya legislaron en la materia.
Selina Trujillo admitió que no basta con incrementar las penas de prisión y puntualizó que la persona agresora debería garantizar la reparación del daño a las víctimas mediante incautación de bienes o congelación de cuentas bancarias.
Tras pronunciarse por garantizar la atención gratuita, oportuna y de calidad a las víctimas, Octavio Martínez compartió que igualmente hay agresiones contra hombres, por lo que sugirió que las sanciones no se limiten únicamente a un género.
Asimismo, expresó su preocupación por la violencia en general contra las mujeres, así como por la atención de las instituciones para ellas, ya que, aseguró, se trata de una problemática integral que requiere prevenirse, identificar su origen, y sancionarla.
Yurixi Leyva solicitó considerar los recursos necesarios para las cirugías reconstructivas para las víctimas, pues compartió que el sector salud federal, entre 2011 a 2022, atendió a 3 mil 354 mujeres por agresiones con sustancias corrosivas, lo que equivale a un promedio de 270 casos anuales.
Al presidir la reunión, Emma Alvarez expresó que con esta violencia se busca marcar de por vida a las mujeres, así como destruir su identidad y “apagarles” la autoestima, por lo que aseguró que, desde el PAN, se afirma que ninguna mujer debe vivir con miedo ni enfrentar sola una recuperación, así como que ninguna persona agresora debe sentirse protegida por vacíos legales o indiferencias institucionales.
Tras reconocer la voluntad política para abordar el tema en el Congreso mexiquense, Carmen Sánchez, quien fue atacada el 20 de febrero de 2014, recordó que en noviembre de 2025 presentó una iniciativa ciudadana con la que se busca tipificar el delito con sanciones claras y reconocerla como una forma de violencia de género; establecer la violencia química como modalidad de violencia para que el Estado la prevenga y atienda con políticas públicas con enfoque de género; y que se consideren medidas especiales psicológicas, de reparación del daño y medidas de no repetición.
Al recordar su caso, el cual derivó en una sentencia de 46 años y 8 meses de prisión en contra de su agresor, Efrén García Ramírez, —la cual fue la primera condena en México y en América Latina por este tipo de ataques—Carmen Sánchez lamentó la desprotección y la revictimización del Estado, pues permitieron que durante siete años la persona que la agredió gozara de impunidad.
Finalmente, las diputadas Zaira Cedillo y Ana Yurixi Leyva invitaron al ‘Foro Violencia Química o Ácida. Hacia su reconocimiento, prevención y sanción en el Estado de México’ el 22 de abril a las 9:00 horas en el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México para conjuntar las aportaciones a estas iniciativas y elaborar un dictamen al respecto.
• El diputado Octavio Martínez (morena) y la legisladora Ruth Salinas (MC) destacaron los beneficios de la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez para facilitar el acceso a programas sociales y a servicios de salud de personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
• El proyecto también busca apoyar con gastos funerarios, capacitación y formación profesional para quienes se dedican a esta labor.
El diputado Octavio Martínez Vargas (morena) y la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) reconocieron la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para ampliar la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, mediante apoyo para gastos funerarios, capacitación y formación profesional, acceso a programas sociales y a servicios de salud.
Al iniciar el análisis de la propuesta de la titular del Ejecutivo estatal para reformar la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos estatal, que también contempla instrumentos de identificación voluntarios y un enfoque diferenciado para profesionales que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad (comunidades o pueblos indígenas, afromexicanos, de la diversidad sexual y personas migrantes), el congresista Octavio Martínez se refirió al proyecto como progresista, completo y vanguardista.
En reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, y de Derechos Humanos de la LXII Legislatura mexiquense, agregó que esta iniciativa, que prevé el acceso a apoyos para gastos funerarios, así como el fortalecimiento de programas de capacitación y formación continua, orientados a la seguridad, la autoprotección y el desarrollo profesional, procura, protege y facilita la comunicación y la circulación de ideas e investigaciones que realiza el periodismo mexiquense.
Añadió que valdría la pena escuchar al mayor número de profesionales de la información y colectivos de periodistas para fortalecer el proyecto, conforme a sus necesidades, de acuerdo con las dinámicas informativas de cada región.
Por otro lado, llamó al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a dar resultados en la investigación de asesinatos de periodistas, particularmente en el municipio de Zumpango.
La parlamentaria Ruth Salinas, quien presidió la reunión, señaló la necesidad de asumir compromisos en el combate a las amenazas contra estos sectores y fortalecer el marco jurídico del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
En este sentido, reconoció el contenido de la propuesta, la cual se refuerza, indicó, con la inclusión de quienes pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, aunado a la provisión de los servicios funerarios y asesorías en materia de acceso a programas sociales y esquemas de salud y seguridad social.
Recordó que su bancada presentó una iniciativa de registro o directorio de contacto voluntario y preventivo para localizar de forma ágil a periodistas y personas defensoras en caso de emergencia y refirió que es necesario que el mecanismo participe en la elaboración de los protocolos de actuación policial, porque se han reportado casos de revictimización o tratos desfavorables para las personas que se dedican a estas labores.
También destacó que el Congreso mexiquense reconoció a mujeres periodistas y fotoperiodistas de la entidad en el marco del Día de la Mujer Periodista y Fotoperiodista del Estado de México (18 de marzo), a quienes felicitó.
Por otro lado, mencionó que, de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, en 2025 México ocupó el tercer lugar en el mundo con más periodistas asesinados, al registrarse seis casos.
Cabe señalar que la iniciativa también busca fortalecer operativamente el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, mediante la reducción de integrantes. Lo anterior responde a que, por el tamaño y la obligación de contar con una persona suplente por cada integrante, su funcionamiento era limitado.
Igualmente, se establecen criterios transparentes y públicos para su nombramiento, y la incorporación de una participación regional equilibrada, que garantice la representación de las distintas regiones y zonas estatales, asegurando que las decisiones se nutran de la experiencia de periodistas y personas defensoras.
Luis Miguel Carriedo Téllez, representante de la Consejeria Jurídica, explicó que la propuesta es resultado del diálogo entre personas que se dedican a estas labores y el gobierno estatal, a través de una serie de foros realizados en Texcoco, Tlalnepantla, Chalco y Toluca.
Precisó que se pretende establecer la obligación para facilitar el acceso efectivo a servicios de salud, tanto a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) como del esquema de aseguramiento para periodistas por cuenta propia del IMSS. Aclaró que no se trata de incentivar a que las empresas no brinden la seguridad social, para lo cual se tienen convenios con la Secretaría del Trabajo, sino apoyar a profesionales independientes.
Javier de Jesús Domínguez González, director general de Legislación y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", indicó que se fortalecerá el funcionamiento orgánico del consejo consultivo, en virtud de que se presentaron complicaciones operativas para su funcionamiento por el número de integrantes.
A la reunión también asistió Israel Hernández Sosa, titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida de la Coordinación Ejecutiva del mecanismo de protección.
Cabe señalar que el proyecto legislativo considera que se incorporen, como medida preventiva, las prendas u otros instrumentos de identificación voluntaria para estos sectores, sin que implique riesgos adicionales ni vulneraciones a su privacidad, enfatizando que su implementación es de carácter libre y voluntario para no ser contraria a estándares internacionales. Asimismo, prevé que las medidas de protección y atención consideren los contextos culturales y sociales.
● En comisiones del Congreso mexiquense se aprobó la iniciativa del diputado Valentín Martínez (morena) para reconocer la edición electrónica de la gaceta municipal como documento público con validez legal.
● El proyecto de decreto fortalece la transparencia, la certeza jurídica y el acceso de la población a los actos de los ayuntamientos mediante su publicación digital.
Al coincidir en la necesidad de mejorar la transparencia y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información, congresistas de las comisiones unidas la LXII Legislatura mexiquense avalaron que la gaceta municipal en formato electrónico tenga validez legal y carácter de documento público cuando sea emitida por la secretaría del ayuntamiento, de acuerdo con la iniciativa del diputado Valentín Martínez Castillo (morena).
En reunión de las comisiones de Legislación y Administración Municipal, y de Especial de Innovación, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial del Congreso local, presidida por la parlamentaria Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN), se avaló que la gaceta municipal garantice la integridad y autenticidad de su contenido mediante firma y sello electrónico, así como el previo pago de la contribución correspondiente cuando se soliciten ejemplares certificados.
El proyecto legislativo para reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México indica que, además, de la edición electrónica, se imprimirán cinco ejemplares, con idénticas características y contenido, para efectos de evidencia documental, así como para garantizar la publicación de la gaceta municipal en los casos en que resulte imposible por causas de fuerza mayor acceder a su edición electrónica, los cuales, no estarán a la venta y quedarán a resguardo de la secretaría del ayuntamiento y del archivo municipal.
Menciona que todos los acuerdos de las sesiones que no contengan información clasificada y el resultado de su votación, sean difundidos cada mes en la gaceta municipal en su versión electrónica y en los estrados de la secretaría del ayuntamiento.
El documento precisa que será atribución de los ayuntamientos el editar, publicar y difundir la gaceta municipal como órgano oficial de comunicación gubernamental, preferentemente en formato electrónico para la difusión de todos los acuerdos de cabildo; dicha edición electrónica, firmada digitalmente por la autoridad facultada, tendrá el mismo valor jurídico y probatorio que la versión impresa para todos los efectos legales, administrativos y judiciales conducentes; así como que su periodicidad será cuando menos trimestral.
Asimismo, menciona que la persona titular de la presidencia municipal podrá promulgar y publicar el bando municipal en la gaceta municipal y ordenar su difusión en los estrados de la secretaría del ayuntamiento, así como ordenar la publicación electrónica de las normas de carácter general y reglamentos aprobados por el ayuntamiento para su debida entrada en vigor.
Añade que la secretaría deberá difundir en la gaceta municipal reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general, además de encargarse de su edición y divulgación para asegurar la autenticidad, integridad y resguardo en formato digital. La validación podrá realizarse mediante firma electrónica avanzada o sello digital del titular de la dependencia, conforme a la normativa vigente en materia de gobierno digital.
En tanto, los ayuntamientos expedirán el bando municipal y las y los presidentes municipales lo promulgarán y difundirán en la gaceta municipal electrónica, en los estrados de los ayuntamientos y por los medios digitales o físicos que estimen convenientes para su máxima publicidad.
Agrega que los bandos, sus reformas y adiciones, así como los reglamentos municipales, acuerdos y demás disposiciones de observancia general, deberán promulgarse estableciendo su obligatoriedad y vigencia. Su publicación en la gaceta municipal electrónica será requisito indispensable para que produzcan efectos jurídicos vinculantes hacia los particulares. Adicionalmente, podrán difundirse en los estrados de los ayuntamientos y en otros medios para mayor conocimiento de la población.
Los artículos transitorios indican que los ayuntamientos tendrán hasta 90 días naturales tras la entrada en vigor del decreto de la iniciativa para actualizar su bando municipal y normativa interna, a fin de incorporar herramientas digitales que aseguren acceso, autenticidad y resguardo de la gaceta municipal electrónica.
De igual forma, deberán habilitar en sus portales oficiales un repositorio público y gratuito para consultar y descargar dichas publicaciones, con respaldo tecnológico de la Agencia Digital del Estado de México, respetando la autonomía municipal.
En la deliberación de la iniciativa, el diputado Valentín Martínez explicó que la propuesta parte de la realidad de que los municipios ya han transitado hacia la publicación electrónica de sus actos de autoridad, por lo que la digitalización de los órganos oficiales de difusión es una necesidad para consolidar un gobierno moderno, transparente y eficiente.
En su oportunidad, el legislador Israel Espíndola López (morena) señaló que esta iniciativa no se trata únicamente de una reforma legal, sino de un paso firme hacia el fortalecimiento del Estado de derecho en el municipio. Explicó que los gobiernos municipales ya viven en la era digital, pero su marco jurídico aún no les da la certeza que la ciudadanía exige.
Al respaldar la propuesta, la diputada María José Pérez Domínguez (morena) destacó que la difusión de las leyes es clave para garantizar la seguridad jurídica y, ante el uso generalizado de medios digitales, resulta necesario publicar normas en formatos electrónicos oficiales con validez, integridad y respaldo digital, lo que permite una difusión inmediata, fortalece el acceso a la información y asegura que la ciudadanía conozca sus derechos y obligaciones.
En tanto que la congresista Elena García Martínez, también de morena, reconoció el trabajo del proponente y destacó tres aspectos importantes que se logran con esta reforma: armonizar el marco jurídico municipal con el estatal, otorgar validez legal a la gaceta municipal electrónica como documento público y establecer nuevas responsabilidades para los secretarios de ayuntamientos en su edición y validación con firmas electrónicas.
Congreso inicia análisis para tipificar el nepotismo como falta administrativa
Diputadas y diputados de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense iniciaron análisis de la iniciativa del legislador José Miguel Gutiérrez Morales (morena) para sancionar el nepotismo como una falta administrativa, toda vez que actualmente solo está implícito en el concepto de ‘conflicto de intereses’.
En la reunión, presidida por la diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), el proponente detalló su propuesta que establece que llas y los servidores públicos deberán abstenerse de nombrar, contratar o promover a personas con quienes tengan parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, y que, por razón de su adscripción, dependan jerárquicamente de la unidad administrativa de la que sean titulares.
Añadió que deberán excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda derivar algún beneficio para sí mismos, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que mantengan relaciones profesionales, laborales, de negocios o societarias.
De igual forma, la persona servidora pública que se encuentre en este supuesto deberá informar de inmediato a la Secretaría de la Contraloría estatal sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a los que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento.
Al respecto, José Miguel Gutiérrez precisó que el parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado comprende a madres, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos, sobrinas, sobrinos, nietas, nietos, abuelas y abuelos. Asimismo, explicó que, por afinidad o vínculo civil de la persona servidora pública, se incluye a familiares de la o el cónyuge —como suegras, suegros, yernos, nueras, cuñadas, cuñados, primas, primos, tías, tíos e hijas e hijos— quienes no podrán ocupar un cargo público en las condiciones señaladas.
El parlamentario Octavio Martínez Vargas (morena) reconoció que la propuesta armoniza la legislación estatal con las reformas constitucionales en la materia impulsadas por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.
Cabe mencionar que esta iniciativa modifica la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, para homologarla con la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal
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