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• La LXII Legislatura mexiquense aprobó reformas para incorporar la corresponsabilidad familiar como parte de la convivencia tanto en el matrimonio como en el concubinato.
• El dictamen, que conjuntó las iniciativas de la diputada María del Carmen de la Rosa (morena) y del Grupo Parlamentario del PRD, coordinado por el legislador Omar Ortega, establece que esta figura se fomente en la política estatal.
El Pleno de la LXII Legislatura mexiquense aprobó reformas para incorporar la corresponsabilidad familiar como parte de la convivencia tanto en el matrimonio como en el concubinato, así como que esta figura se fomente en la política estatal que desarrollen las autoridades estatales y municipales en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
De acuerdo con el dictamen que conjuntó las iniciativas de la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (morena) y del Grupo Parlamentario del PRD, coordinado por el legislador Omar Ortega Álvarez, dentro del matrimonio y del concubinato se establece que las personas contrayentes se procuran respeto, igualdad y corresponsabilidad familiar, así como que el respeto y la igualdad serán criterios para la educación y formación de sus descendientes.
El documento, expuesto en sesión deliberante por María del Carmen de la Rosa, puntualiza que la corresponsabilidad familiar es el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como la organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres.
“La corresponsabilidad familiar es y siempre será una labor compartida de todos los que integramos las familias, los que conformamos un hogar. Y por ello quiero felicitar y agradecer a todas esas mujeres que sostienen nuestros hogares”, expresó la diputada desde tribuna.
Al respecto, la legisladora Selina Trujillo Arizmendi (morena) calificó a la reforma como un cambio profundo en la entidad que impactará en la realidad de muchas familias, porque conlleva menos reclamos y violencia, en donde la niñez sea más independiente y se fortalezcan los vínculos familiares y el respeto.
Con las reformas al Código Civil, así como a las leyes de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y Orgánica Municipal, todas del ámbito estatal, se mandata que el Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres impulsará la corresponsabilidad familiar con el objetivo de promover una distribución justa de las actividades y cuidados al interior de los hogares.
El documento, elaborado por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y de Igualdad de Género del Congreso mexiquense, añade que las autoridades estatales y municipales deberán fomentar esta figura.
Por último, establece que las direcciones municipales de mujeres fomentarán una cultura de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la comunidad, el sector laboral y el propio municipio, a través de acciones y programas que tengan como propósito promover la distribución equitativa de las tareas del hogar y cuidados, así como del tiempo para el autocuidado, entre mujeres y hombres.
Así como promover una participación justa en el cuidado de las hijas e hijos, personas adultas mayores o personas con discapacidad; favorecer el trabajo y la atención emocional de la familia; fomentar la crianza de hijas e hijos libre de estereotipos de género, privilegiando el interés superior de la niñez y adolescencia, y abordar cualquier otro aspecto relacionado con la corresponsabilidad familiar.
• El Pleno de la LXII Legislatura mexiquense aprobó que, en casos de violencia digital y con el fin de garantizar la integridad de la víctima, el Ministerio Público y la jueza o el juez deberán ordenar de manera inmediata las medidas de protección correspondientes.
• El dictamen, que conjuntó las iniciativas de la diputada Sandra Patricia Santos (morena) y de la bancada del PVEM, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc, establece que se ordenará de inmediato la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de cuentas, imágenes, audios o videos vinculados a la investigación.
• Además, tipifica la violencia digital, incorporándola de manera expresa como una modalidad que debe ser prevenida, atendida y sancionada por el Estado.
Al considerar que cualquier forma de violencia es inaceptable, el Congreso mexiquense aprobó que, en casos de violencia digital y con el fin de garantizar la integridad de la víctima, el Ministerio Público y la jueza o el juez ordenen de manera inmediata las medidas de protección necesarias, así como la interrupción, el bloqueo, la destrucción o la eliminación de cuentas, imágenes, audios o videos vinculados con la investigación.
El dictamen, que conjuntó iniciativas de la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) y de la bancada del PVEM, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, tipifica la violencia digital, incorporándola de manera expresa como una modalidad que debe ser prevenida, atendida y sancionada por el Estado.
El documento, elaborado por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, define la violencia digital como toda acción dolosa realizada mediante tecnologías de la información y la comunicación, mediante la cual se expongan, distribuyan, difundan, exhiban, transmitan, comercialicen, ofrezcan, intercambien o compartan imágenes, audios o videos, reales o simulados, de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización, y que le cause daño psicológico, emocional o afecte cualquier ámbito de su vida privada o su imagen.
En este sentido, también se incluyen aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación (recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información).
El proyecto legislativo, leído en sesión deliberante por la legisladora Sandra Patricia Santos, establece que el mandato del Ministerio Público y de la jueza o el juez deberá comunicarse por vía electrónica o mediante escrito a empresas de plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales, páginas electrónicas o a personas físicas o morales, para ordenar la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de cuentas, imágenes, audios o videos vinculados a la investigación, una vez cumplidos los requisitos que marca la ley.
En la sesión deliberante, la diputada Alejandra Figueroa Adame (PVEM) señaló que en el Congreso del Estado de México se da un paso histórico para combatir la violencia contra las mujeres. Además, refirió que cerca del 36 por ciento de las mujeres víctimas de ciberacoso recibieron insinuaciones o propuestas sexuales no deseadas, por lo cual resaltó la relevancia de la reforma.
De acuerdo con las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, se deberá identificar plenamente al proveedor de servicios en línea a cargo de la administración del sistema informático, sitio o plataforma de internet en donde se encuentre alojado el contenido y su localización precisa.
Posteriormente, la autoridad que ordene las medidas de protección referidas deberá solicitar el resguardo y conservación lícita e idónea del contenido que se denunció de acuerdo con sus características.
Las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas darán aviso de forma inmediata a la o el usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial.
El documento señala que la violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca la legislación penal vigente.
• La LXII Legislatura mexiquense aprobó incorporar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en trámites y servicios públicos digitales.
• La reforma impulsada por el diputado Samuel Ríos (morena) busca que los procesos administrativos sean más rápidos, accesibles y eficientes.
• Se define la IA como la capacidad de un sistema informático de imitar procesos cognitivos humanos, como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones.
Para facilitar los procesos administrativos a la población mediante rapidez, accesibilidad y eficiencia, el Congreso mexiquense aprobó reformas a la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios para incorporar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en trámites y servicios públicos digitales.
A propuesta del diputado Edgar Samuel Ríos Moreno (morena), el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense avaló definirla como la capacidad de un sistema informático de imitar procesos cognitivos humanos, como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones.
De acuerdo con el dictamen, leído en sesión deliberante por el proponente, la Agencia Digital del Estado de México será responsable de desarrollar, operar e impulsar sistemas y la automatización de los procesos de trabajo de la Administración Pública Estatal, mediante la aplicación adecuada y estandarizada de las tecnologías de la información y comunicación, y, en su caso, de la Inteligencia Artificial (IA).
El documento añade que la propuesta legislativa colocaría al estado como pionero en reconocer a la IA en una norma y, también, en regular su uso para la administración pública, sin menoscabo de que, en el corto plazo, el gobierno federal emita una estrategia para atender este tema y de que el Senado de la República formule legislación nacional sobre el rubro, ya que recientemente (septiembre de 2024) creó la Comisión Ordinaria de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México.
• El Congreso mexiquense autorizó al ayuntamiento de Texcoco a donar un predio de 2 mil 800 metros cuadrados a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI).
• Se proyecta habilitar un espacio de atención integral a lactantes, maternales y preescolares, el cual combina la educación temprana con el cuidado diario para fomentar su desarrollo cognitivo, físico y emocional.
El Congreso mexiquense autorizó al ayuntamiento de Texcoco a donar un predio de 2 mil 800 metros cuadrados a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en la colonia San Mateo Huexotla, con el fin de brindar un servicio que combina el cuidado básico de menores (desde su nacimiento hasta los cuatro años de edad) con el desarrollo de habilidades cognitivas, motrices, lingüísticas y de socialización.
El predio, identificado como Lote-2 del terreno denominado "Tierra Larga", en el poblado de Huexotla, actualmente en la calle Camino a Tolimpa (antes calle Limones), número 33, esquina con Cerrada Francisco Alfonso Larqué Saavedra, será empleado para estas instalaciones de atención integral a niñas y niños.
La iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, leída por la diputada María José Pérez Domínguez (morena)―quien agradeció el apoyo de las y los congresistas a la reforma, toda vez que beneficiará a las personas trabajadoras de Texcoco―,cuyo trámite a comisiones fue dispensado, señala que, de acuerdo con el Dictamen de Procedencia emitido por la Sindicatura Municipal de Texcoco, se consideró jurídicamente viable la donación, pues representa una política pública de alto impacto social que permitirá conciliar la vida laboral y familiar.
El documento refiere que, para garantizar la prestación de los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, el Gobierno de México anunció la sustitución de las guarderías del IMSS por el modelo pedagógico CECI.
Este esquema implica un espacio que ofrece atención integral a lactantes, maternales y preescolares, el cual combina la educación temprana con el cuidado diario para fomentar su desarrollo cognitivo, físico y emocional, con lo cual se garantiza un entorno seguro, afectuoso y estimulante para las infancias en México.
La donación del predio estará condicionada a que no se cambie el uso y destino que motivó su autorización. En caso contrario, revertirá a favor del patrimonio del Ayuntamiento de Texcoco.
• La diputada Arleth Stephanie Grimaldo Osorio (morena) propuso la instalación de máquinas recicladoras automatizadas en las estaciones del transporte público,las cuales otorgarán puntos, saldo o beneficios aplicables a la tarjeta de transporte público.
• La proponente señaló que la generación de residuos sólidos urbanos representa uno de los principales desafíos ambientales y sanitarios, y que urge promover la separación en origen y el reciclaje efectivo, así como la participación ciudadana.
La diputada Arleth Stephanie Grimaldo Osorio (morena) propuso que las secretarías de Movilidad y de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible instalen máquinas recicladoras automatizadas en las estaciones del transporte público masivo. Estas máquinas ofrecerían incentivos a las personas que reciclen, los cuales se reflejarían en puntos, saldo o beneficios aplicables a la tarjeta de transporte público para servicios como Mexibús, Mexicable, entre otros.
Al presentar su propuesta para reformar el Código para la Biodiversidad y la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, ambas estatales, la diputada destacó que la generación de residuos sólidos urbanos constituye uno de los principales desafíos ambientales y sanitarios. Subrayó la urgencia de fomentar la separación de residuos en origen, impulsar un reciclaje efectivo y promover la participación activa de la ciudadanía en estas acciones.
En su exposición durante sesión deliberante, la legisladora detalló que, de aprobarse, la Secretaría de Medio Ambiente promovería y garantizaría el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos mediante mecanismos de reciclaje con incentivos, priorizando materiales como plástico, vidrio, aluminio y otros reciclables, y que las máquinas recicladoras, cuya instalación sería obligatoria, recibirían materiales reciclables y asignarían incentivos, en coordinación con las autoridades ambientales y de movilidad.
Agregó que, con esta modalidad, se podrá promover la separación en origen y el reciclaje efectivo de materiales valorizables; reducir la cantidad de residuos que llegan a rellenos sanitarios o al medio ambiente; integrar la gestión de residuos con la política de movilidad sustentable; y establecer la obligación legal de instalar máquinas recicladoras automatizadas en estaciones del transporte público masivo del Estado de México.
Además, servirá para incentivar el reciclaje mediante la asignación de puntos o saldo a la tarjeta de transporte; integrar la política ambiental con la política de movilidad; garantizar la permanencia del programa más allá de periodos gubernamentales; fomentar la reducción y aprovechamiento de residuos; y apoyar la economía de las personas usuarias del transporte público, fortaleciendo el derecho a la movilidad.
La legisladora recordó que el ‘Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos Sólidos’, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, revela que la entidad mexiquense genera aproximadamente 16 mil 139 toneladas de basura diariamente, situándose como una de las entidades que más residuos produce en el país.
El proyecto legislativo señala que menos del 11 por ciento de estos materiales son reciclados, tratados o acopiados adecuadamente, lo que evidencia una fuerte brecha entre generación y aprovechamiento efectivo de residuos.
• El diputado Luis Valdeña (morena) propuso que las personas adultas mayores reciban atención preferente en trámites, servicios y procedimientos de autoridades estatales y municipales.
• La iniciativa busca que las autoridades establezcan mecanismos visibles y accesibles que garanticen el ejercicio de este derecho, sin que ello implique erogaciones adicionales a su presupuesto.
Para avanzar hacia una administración pública más humana, incluyente y respetuosa de la dignidad de quienes han contribuido al desarrollo social, económico y comunitario de la entidad, el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena) propuso que las personas adultas mayores reciban atención preferente, digna y expedita en todos los trámites, servicios y procedimientos que ofrezcan las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los ayuntamientos y sus organismos auxiliares.
La iniciativa para reformar la Ley de las Personas Adultas Mayores estatal, expuesta en sesión deliberante, añade que las autoridades deberán establecer mecanismos visibles y accesibles que garanticen el ejercicio de este derecho, sin que ello implique erogaciones adicionales al presupuesto autorizado.
En su participación, el proponente expuso que su iniciativa ayuda a reforzar el catálogo de derechos para evitar dispersión normativa, armonizar el ordenamiento jurídico y fortalecer el enfoque de derechos humanos, alineado con las políticas de bienestar impulsadas a nivel estatal y nacional para la protección integral de las personas adultas mayores.
Añadió que, con esta reforma, el Estado de México avanzaría hacia una administración pública más humana, incluyente y respetuosa de la dignidad de quienes han contribuido al desarrollo social, económico y comunitario de la entidad.
Recordó que, aunque el marco jurídico reconoce un catálogo de derechos para este sector de la población, no establece uno general y transversal de atención preferente en trámites y procedimientos administrativos, lo que genera vacíos normativos, discrecionalidad en su aplicación y trato desigual entre instituciones.
El documento señala que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una proporción significativa de personas adultas mayores presenta limitaciones de movilidad, condiciones de salud crónicas o dependencia parcial, lo que hace que los tiempos prolongados de espera, la falta de orientación clara y la ausencia de mecanismos diferenciados de atención en oficinas públicas resulten especialmente gravosos.
Asimismo, con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, en el Estado de México hay 2 millones 390 mil 564 personas adultas mayores mexiquenses que requieren la atención y apoyo directo del gobierno, principalmente en los rubros alimentario, económico y de salud.
• A propuesta del diputado Samuel Hernández (morena), el Pleno mexiquense exhortó a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatal para que informe sobre la situación actual del Auditorio Metropolitano de Tecámac.
• También exhortó alas Secretarías de Cultura y Turismo, y de Finanzas a que consideren su donación y la designación de recursos para un fin educativo.
A propuesta del diputado Samuel Hernández Cruz (morena), el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense exhortó a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatala que informe sobre el estado actual del Auditorio Metropolitano de Tecámac, así como a las secretarías de Cultura y Turismo, y de Finanzas, consideren su donación y la designación de recursos para un fin educativo.
En sesión deliberante, el parlamentario expuso que, desde su inauguración, el 10 de diciembre de 2017, el inmueble no ha operado de manera continua, permaneciendo inactivo por largos periodos, subutilizado o en condición de obra inconclusa, lo que lo volvió un elefante blanco de la región.
“Hoy tenemos un gobierno sensible y estamos seguros de que con el aval de nuestra gobernadora y de los secretarios del ramo, vamos a encontrarle un buen uso a este Auditorio Metropolitano y pronto estará en servicio para bien de nuestra región”, señaló desde tribuna.
De acuerdo con el punto de acuerdo, dicho auditorio fungió como una de las principales obras de infraestructura cultural del Gobierno del Estado de México, encabezado en ese entonces por Eruviel Ávila Villegas, y la obra pretendía albergar eventos artísticos, deportivos y sociales, estimando una capacidad de entre 12 mil 700 y 13 mil personas, un estacionamiento para más de mil 300 vehículos y una superficie total aproximada de 14.7 hectáreas.
Añade que el proyectorepresentó una inversión pública superior a los 734 millones de pesos, según información del entonces titular del Ejecutivo estatal, y a través de diversas solicitudes de información pública realizadas por ciudadanos y medios de comunicación se conoció que los contratos de construcción, supervisión y equipamiento fueron clasificados como información reservada, impidiendo por varios años conocer los detalles técnicos, financieros y administrativos de la obra.
Por lo anterior, se busca un uso a las instalaciones, con fines educativos o para actividades de índole cultural, como se pretendía que funcionara en un primer momento, y en su caso considerar su desincorporación y la donación de dicho inmueble.
• El Grupo Parlamentario de MC (GPMC), coordinado por el diputado Juan Zepeda, planteó protocolos especializados para la actuación policial en la atención de manifestaciones; para la intervención policial en presencia de personas periodistas y para la actuación policial en operativos.
• La propuesta, expuesta por la diputada Ruth Salinas, deriva de las recomendaciones 1/2026 y 2/2026 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México sobre la marcha del pasado 2 de octubre en Toluca.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso establecer como obligación del gobierno estatal y de los municipios que sus instancias de seguridad elaboren, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), protocolos especializados para la actuación policial en la atención de manifestaciones, marchas o protestas; para la intervención policial en presencia de personas periodistas y para la actuación policial en operativos administrativos de seguridad y orden.
La iniciativa de reforma a las leyes de Seguridad, de la Comisión de Derechos Humanos y Orgánica Municipal, todas del Estado de México, plantea que la Codhem también se encargue de la capacitación continua de elementos policiales, la cual consistiría en formación en derechos humanos para todo el estado de fuerza, mandos medios y superiores, en materia de género, enfoque diferencial, especializado einterseccional, así como en el derecho a la libre manifestación pacífica y a la libertad de expresión.
Adicionalmente, el proyecto de la bancada coordinada por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, leído por la legisladora Ruth Salinas Reyes, establece que los municipios deben garantizar que la actuación de sus cuerpos policiales respete los derechos humanos y la legalidad, apegándose a los protocolos.
El documento aclara que la propuesta deriva de las recomendaciones 1/2026 y 2/2026 de la Codhem sobre la marcha del pasado 2 de octubre de 2025 en Toluca, en la que, según se enuncia, policías municipales agredieron a manifestantes y se violaron derechos de periodistas durante esta movilización con motivo del aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, en 1968.
Señala que las recomendaciones de la Codhem deben tomarse en cuenta para que, desde el Congreso mexiquense, se establezcan medidas de no repetición urgentes para todos los municipios.
De acuerdo con el proyecto, en la Ley de Seguridad se establecería que la o el titular de las instituciones policiales estatales y municipales elabore, en coordinación con la Codhem, protocolos especializados, los cuales serán de observancia obligatoria para las respectivas instituciones policiales una vez que sean aprobados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
La propuesta detalla que para el ejercicio de la fuerza se aplicarán las técnicas especiales que establezcan las disposiciones aplicables conforme a los protocolos antes referidos.
De aprobarse, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con los municipios y la Codhem, establecería los lineamientos de la capacitación y evaluación permanente para que la actuación de las fuerzas de seguridad se realice con respeto a los derechos humanos y se apegue estrictamente a los protocolos.
En la Ley de la Comisión de Derechos Humanos se añadiría la atribución de este organismo para elaborar, en coordinación con los titulares de las instituciones policiales estatales y municipales, los protocolos especializados, con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad, perspectiva de género e interseccionalidades, así como en la protección de personas defensoras de derechos humanos, personas observadoras y periodistas. De igual forma, se le sumaría la facultad de capacitar y evaluar de manera periódica a elementos policiales para ser aptos en la implementación de los protocolos.
En la Ley Orgánica Municipal estatal se incluiría que los ayuntamientos garanticen, en coordinación con la Codhem, la capacitación y evaluación permanente para que la actuación de las fuerzas de seguridad municipales se realice con respeto a los derechos humanos y se apegue estrictamente a los protocolos.
La capacitación consistiría en formación en derechos humanos para todo el estado de fuerza, mandos medios y superiores, en materia de género, enfoque diferencial, especializado einterseccional, así como sobre los derechos relacionados con la libre manifestación pacífica y la libertad de expresión en todas sus vertientes.
El documento informa que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, del 5 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2023 se efectuaron 16 mil 431 manifestaciones entre concentraciones, mítines, bloqueos, marchas, plantones o rodadas, en las que participaron 7 millones 392 mil 241 ciudadanas y ciudadanos. Aunque en el Estado de México no se cuenta con un dato preciso sobre el número de manifestaciones y la participación ciudadana, indica la iniciativa, es un hecho que son recurrentes.
Sin embargo, abunda, muchos municipios, al encontrarse facultados para garantizar el orden público, lejos de entablar diálogo o implementar estrategias que garanticen la escucha y el cumplimiento de las exigencias ciudadanas, optan por detener y reprimir de manera violenta a las y los manifestantes.
En su intervención, la diputada Ruth Salinas enfatizó que protestar no solo es legítimo, sino un derecho constitucional, democrático y humano, pues la ciudadanía tiene derecho a manifestarse, ya que las protestas sociales surgen de la falta de respuestas institucionales.
Por otro lado, calificó como desafortunadas las declaraciones del alcalde de Toluca, en las que indicó que no ocurrieron algunos hechos relacionados con las recomendaciones de la Codhem.
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