Aprueba comisión iniciativa para transferir la Coprisem al ISEM
• Los recursos humanos, materiales, financieros y previsiones presupuestales que tenía asignados la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) formarán parte de la estructura orgánica del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).
• Las legisladoras Jennifer González, Brenda Miranda y Honoria Arrellano, y el diputado Edmundo Valdeña, respaldaron la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez.
• Al considerar que no hay mecanismos que transparenten la transferencia de recursos, la diputada Maricela Beltrán votó en contra.
La Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por la parlamentaria Jennifer Nathalie González López (morena), avaló, por mayoría de votos, transferir la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), para que sus recursos humanos, materiales, financieros y previsiones presupuestales, formen parte de la estructura orgánica del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).
Durante la reunión para dictaminar la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, las diputadas de morena Jennifer González y Brenda Colette Miranda Vargas, y Honoria Arrellano Ocampo (PVEM), así como el parlamentario Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena), respaldaron la propuesta, al coincidir que se transita hacia una gestión sanitaria más eficiente y moderna.
Puntualizaron que no se trata de una desaparición, sino de una reincorporación al sistema de salud; resaltaron que se fortalecerá la gobernanza; enfatizaron que no están en riesgo los empleos de las y los trabajadores, ni los servicios de salud; y destacaron la supervisión que tendrá la Oficialía Mayor para la planeación y gestión de recursos.
En contra parte, la legisladora Maricela Beltrán Sánchez (MC) manifestó su rechazo a la iniciativa, al expresar que la transferencia de las funciones de la Coprisem al ISEM es una salida fácil, porque se desmantela una institución clave del sistema de salud, en lugar de fortalecerla. Además, consideró que no hay transparencia suficiente que garantice que los recursos destinados a dicho organismo se utilicen exclusivamente para la protección de riesgos sanitarios.
La diputada Jennifer González añadió que se prevé una mejora en la supervisión de los productos y servicios para que cumplan con los estándares de calidad y seguridad, incluida la regulación e inspección de la producción, distribución y comercialización de alimentos, medicamentos, cosméticos y otros artículos.
En este sentido, la legisladora Brenda Colette Miranda destacó que este paso garantiza el uso estratégico de los recursos y una mejor coordinación entre las áreas de salud pública y regularización sanitaria, ya que se vigorizará la supervisión de establecimientos de salud, productos de consumo, agua, medicamentos y servicios médicos, además de responder con mayor rapidez a emergencias, epidemias sanitarias y otros factores que pongan en riesgo la salud pública.
A su vez, la diputada Honoria Arellano sugirió aprovechar las áreas de oportunidad para fortalecer la iniciativa, como es evitar la corrupción, promover la capacitación en temas de regulación de riesgos sanitarios y garantizar que no haya afectaciones en los derechos laborales de la clase trabajadora.
Cabe mencionar que la iniciativa propone reformar el Código Administrativo, la Ley de Eventos Públicos y la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones, todos de carácter estatal.
Demandan en Congreso local un sistema de justicia cercano a la gente
• Víctimas, congresistas y personas magistradas señalaron las áreas de oportunidad del sistema de justicia.
• Hay otro rostro al que no le ha llegado la justicia: legislador Octavio Martínez.
• La diputada Ana Yurixi Leyva destacó que la elección judicial ayudará a tener un sistema más eficiente, accesible e imparcial.
• La parlamentaria Paola Jiménez llamó a seguir trabajando para acabar con la impunidad.
Ante la próxima elección para la integración del Poder Judicial estatal, víctimas de delitos y familiares de personas privadas de su libertad se pronunciaron por un sistema de justicia más cercano, congresistas de morena y PT señalaron que la elección popular es una oportunidad para democratizar al Poder Judicial estatal, y personas magistradas reconocieron las áreas de oportunidad.
Durante el Foro Retos del Poder Judicial del Estado de México, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) indicó que el proceso electoral del 1 de junio permitirá conocer el rostro y antecedentes de quienes van a juzgar, además de combatir la corrupción, conforme al plan estatal de desarrollo.
Sobre el video de una barbería en Valle de Chalco en el que presuntamente se exhibe a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) “sembrar” estupefacientes en el negocio, el legislador llamó al fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, para que corrija a su personal en materia de procuración de justicia pues, indicó, que “si no puede con el cargo, que valore dar las gracias y que asuma la responsabilidad alguien que tenga un mayor compromiso con la sociedad”.
En su oportunidad, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) subrayó que la justicia, no solo es el reflejo de un orden normativo, sino el garante de los derechos, la libertad y la igualdad, por lo que las recientes reformas son un medio para una justicia eficiente, accesible e imparcial. Anunció que, desde la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición (la cual preside), se buscará una reunión con la FGJEM o la autoridad competente para que reciban a las familias que expusieron sus casos.
Ante legislador José Miguel Gutiérrez Morales (morena), la parlamentaria Paola Jiménez Hernández detalló que, de acuerdo con el informe “Hallazgos 2023” de México Evalúa, la impunidad directa alcanzó el 93.6 por ciento, lo que amerita un análisis profundo de lo que está pasando en los ministerios públicos, las fiscalías y con el Poder Judicial, cuya reforma fue un mandato popular. Lamentó que la impunidad sea el combustible de la violencia, por lo que llamó a seguir luchando y trabajando para una justicia eficiente.
Arlen Siu Jaime Merlos, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa estatal, expresó su solidaridad a cada familiar de alguna víctima que está en espera de encontrar justicia, lo cual, reconoció, confirma que existe una falta de legitimidad social del poder encargado de impartir justicia y que no está dando respuesta a la sociedad.
En tanto que Héctor Macedo García, magistrado del Poder Judicial, afirmó que hay un sistema de “oligarquía lejana a la sociedad”, por ello debe replantearse todo el esquema jurídico.
En este encuentro, Martha Soto, tía del joven cuya barbería fue cerrada en un operativo en el que presuntamente exhibió la “siembra” de drogas gracias a las cámaras de videovigilancia del negocio, llamó a la Fiscalía a supervisar a su personal, y exigió que las y los involucrados sean dados de baja y sancionados por este y demás casos similares.
Antonio Oliver González, Patricia Monter, Joaquín Buendía, Raymundo Martínez, Leticia Santiago, Karina Martínez, Alma Beltrán, Leticia Ramírez, Norma Limón, Andrés Luján, Miriam Santiago, Antonia Gómez, Karla Fernández, Leticia Mendoza y Yideli Espín expusieron presuntas irregularidades en la detención y sentencias de sus familiares.
Mónica Liliana García pidió ayuda para localizar a su hijo; Erika Cabello denunció impunidad por el feminicidio de su hija, al igual que Guadalupe Alamillo, Patricia Nicasio Ramírez, Alfonso Hernández y Karla Fernández por los homicidios de su hermano, esposo, hijo y padre, respectivamente.
Estela Carrillo denunció un desalojo de su hogar y robo de pertenencias; Daniel González la invasión de un inmueble de su propiedad; Elvira García la fabricación de un juicio por un supuesto adeudo; Josefina Cedano un fraude por temas patrimoniales, mientras que Julieta Leticia Ramírez, Miriam Gutiérrez y Clara Vallejo solicitaron que se revisen las sentencias de su hija e hijos, respectivamente.
Alejandro Estrada pidió hacer una reflexión con miras a la elección de integrantes del Poder Judicial a partir de los retos para acceder a la justicia para que sean electas personas con capacidad e integridad para resolver este tipo de problemáticas.
Yamilé Guadalupe Siles López, servidora pública del Poder Judicial estatal, denunció influyentismo y nepotismo en esta institución, pero dijo que están trabajando para un trato más humano y una justicia más pronta y expedita, por lo que pidió disculpas y ofreció su disposición para ayudar a que estos casos sean atendidos.
Incumplen 53.6% de municipios con sesiones de cabildo juvenil
• Pese a estar mandatado en la ley, 67 municipios no realizaron sesiones de cabildo juvenil en 2024.
• Ante este panorama, en comisiones del Congreso local plantean llamar a los ayuntamientos a cumplir.
En 2024, de los 125 municipios mexiquenses, 67 incumplieron con la realización de cabildos juveniles, tal como lo mandata la Ley Orgánica Municipal, por lo cual la Comisión de Juventud y Deporte de la LXII Legislatura, presidida por la legisladora Alejandra Figueroa Adame (PVEM), llevará al Pleno el punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos a su cumplimiento.
En reunión de trabajo, la legisladora recordó que la ley mandata la realización de los cabildos, previa convocatoria pública y en el marco del Día Internacional de la Juventud (conmemorado el 12 de agosto), así como la remisión del acta respectiva al Instituto Mexiquense de la Juventud (Imej), disposición que varios municipios incumplieron.
La parlamentaria lamentó que sólo 58 municipios realizaran los cabildos, pues afirmó que son un instrumento legal para dar voz a las juventudes, y conocer sus propuestas para fortalecer la gobernanza local y el desarrollo integral de este sector poblacional.
Al respecto, la diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena) afirmó que el Congreso debe vigilar que los ayuntamientos cumplan sus obligaciones legales con las juventudes, como la celebración de los cabildos juveniles; se pronunció porque operen sus áreas respectivas, y recordó que el eje 4 del plan de gobierno estatal apuesta por la juventud.
Como parte del plan de trabajo de la Comisión, que fue aprobado por unanimidad, la parlamentaria Alejandra Figueroa agregó que se prevé la realización, en la segunda quincena de marzo, de un Foro para Fortalecer la Vinculación y Comunicación y Coordinación con los institutos municipales de la juventud y los de cultura física y deporte con el Imej y la Dirección General de Cultura Física y Deporte estatal, con el fin de contribuir al trabajo de los primeros, con información, capacitación y asesoría adecuadas a sus titulares para que puedan iniciar sus operaciones con bases sólidas.
En otro tema, la parlamentaria comunicó que la Comisión cuenta con 15 iniciativas de reforma para su estudio y dictamen (cinco de esta legislatura y 10 de la anterior), de las cuales nueve son autoría de las y los diputados del grupo parlamentario del PRD, tres del PVEM, una del PAN y dos de morena, cuyo análisis dependerá del calendario que disponga la Junta de Coordinación Política.
Asimismo, detalló tres ejes de trabajo, consistentes en la actualización del marco jurídico en la materia, incluida una nueva ley para los temas de juventud y deporte; vinculación y alianzas estratégicas de los tres sectores de gobierno, mediante reuniones periódicas con instituciones como el Imej, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y similares; y creación de espacios para la participación y expresión de la juventud.
En la reunión, donde se designó como secretario técnico de la Comisión a César Augusto Cintora Ordoñez, el diputado Israel Espíndola López (morena) se pronunció por avanzar en las condiciones que fomenten la práctica del deporte actualizando la legislación y generando alianzas estratégicas en su favor.
Ante Eliot Fernández Cruz, subdirector de Bienestar y Recreación Juvenil del Imej, la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) planteó vincular a las universidades con las juventudes para que desarrollen proyectos específicos en sus áreas de especialidad, los compartan en los espacios legislativos y puedan retomarse por las y los diputados; así como que las reuniones propuestas sean cada periodo ordinario.
Finalmente, la legisladora Maricela Beltrán Sánchez (MC) indicó que es necesario atender la salud mental de las juventudes y recordó que su bancada propuso una iniciativa para que jóvenes de grupos originarios tengan más oportunidades de acceso a la educación superior.
Avanzan en comisiones sanciones por dar bolsas plásticas en comercios
• Aprueba Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático sanciones de hasta 339 mil 420 pesos a quien otorgue gratuitamente productos plásticos de un solo uso en comercios.
• Legisladoras de morena y del PT reconocieron los beneficios al medio ambiente de las iniciativas de las bancadas de PVEM, MC y de la gobernadora Delfina Gómez.
La Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático, de la LXII Legislatura mexiquense, aprobó establecer sanciones de hasta 339 mil 420 pesos a quien otorgue, de forma gratuita, productos plásticos de un solo uso en unidades económicas, excluyendo bolsas o contenedores que constituyan un empaque primario, que prevengan el desperdicio de bienes o que por cuestiones de higiene o salud se requieran, así como bolsas de acarreo que cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables.
Lo anterior de acuerdo con el dictamen que conjuntó tres iniciativas, presentadas por separado, por las bancadas de PVEM y MC y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con las que se reforma el Código para la Biodiversidad del Estado de México, y que añade que, para fijar las sanciones correspondientes, se permite a la autoridad administrativa a ponderar circunstancias como las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor, así como la reincidencia (si la hubiere).
Las reformas definen a los plásticos de un solo uso como plásticos diseñados para ser usados por una sola vez, que no están sujetos a un plan de manejo obligatorio y que no son reutilizables, reciclables, compostables, ni son susceptibles de valorización o aprovechamiento, los cuales serán determinados con sus características de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Durante la reunión, presidida por el diputado Carlos Alberto López Imm (PVEM), quien resaltó que las iniciativas se enriquecieron con personas integrantes de asociaciones, de la iniciativa privada y con Alhely Rubio Arronis, secretaria del Medio Ambiente, la legisladora María del Carmen de la Rosa Mendoza (morena) reconoció las propuestas en favor del medio ambiente, así como a las y los integrantes de la Comisión por fortalecerlas.
La parlamentaria Zaira Cedillo Silva (morena) solicitó a los medios de comunicación difundir que únicamente se trata de plásticos de un solo uso y no de los que sí se pueden reutilizar, como la mayoría de plásticos con materiales flexibles. La diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) consideró favorable la regulación de estos plásticos en cualquiera de sus formas, en virtud de que son uno de los principales contaminantes del planeta.
Las reformas también prohíben el uso de estos plásticos que no sean biodegradables o reutilizables en oficinas públicas, así como en instituciones educativas públicas y privadas.
Añaden que los programas de educación formal e informal que desarrollen o fomenten los centros o instituciones educativas de jurisdicción del Estado deberán generar consciencia sobre el impacto ambiental que conlleva el consumo y manejo inadecuado de plásticos de un solo uso, así como incentivar el uso de empaques biodegradables, reciclables, reutilizables y en general para crear una cultura en torno de los residuos.
Se puntualiza que los ayuntamientos realizarán las adecuaciones normativas en sus bandos municipales y reglamentos para instrumentar mecanismos de inspección y vigilancia correspondientes, así como sustituir gradualmente plásticos de un solo uso que se utilicen en las oficinas públicas y no sean biodegradables.
Finalmente, indica que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá establecer las acciones y medidas para la sustitución gradual de plásticos de un solo uso que se utilicen en las oficinas de la administración pública estatal y no sean biodegradables y de manera enunciativa, mas no limitativa, señalará los productos susceptibles de sustitución.