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• La diputada Ruth Salinas, del Grupo Parlamentario de MC (GPMC), propuso que las sanciones por incumplir restricciones vehiculares durante contingencias ambientales no contemplen la retención ni el envío de vehículos al corralón.
• La iniciativa añade que las autoridades sí podrán solicitar que se retiren de la circulación los vehículos que no respeten las limitaciones, suspensiones o restricciones establecidas e imponer la sanción correspondiente.
• La proponente compartió que el traslado de vehículos a depósitos y el pago adicional por arrastre y resguardo, asciende a más de 6 mil 108 pesos por incidente.
La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) propuso modificar el programa ‘Hoy No Circula’, cuyo objetivo es prevenir, minimizar y controlar las emisiones contaminantes provenientes de fuentes móviles. La iniciativa busca que las sanciones no incluyan la retención ni el envío de vehículos al corralón, con el fin de respetar los derechos de la población a la libertad de tránsito y a la propiedad.
La iniciativa de reforma al Código para la Biodiversidad estatal establece que tanto la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como los ayuntamientos no podrán restringir o suspender la circulación de vehículos automotores, incluidos los de servicio público local y federal —con excepción del servicio público de pasajeros—, cuando las unidades se encuentren en óptimas condiciones mecánicas y cumplan con las normas oficiales mexicanas en la materia.
Por el contrario, la propuesta establece que las autoridades podrán ordenar el retiro de la circulación de los vehículos que incumplan las limitaciones, suspensiones o restricciones establecidas, así como imponer la sanción correspondiente.
No obstante, en ningún caso dicha sanción podrá consistir en la retención o el envío al depósito del vehículo propiedad de la persona infractora. Además, las sanciones deberán ser proporcionales y acordes con la Constitución federal.
Además, la sanción no podrá ser superior al importe de un día de jornada, tratándose de personas jornaleras, obreras o trabajadoras, lo cual, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, actualmente es de 315.04 pesos diarios.
El documento señala que, aunque el programa Hoy No Circula —implementado el 1 de enero de 2026— busca disminuir emisiones y mejorar la calidad del aire, su ejecución ha vulnerado la libertad de tránsito y el derecho de propiedad reconocidos en la Constitución federal, debido a que las sanciones por incumplir la restricción vehicular resultan desproporcionadas.
Actualmente, el Reglamento de Tránsito estatal prevé como causal de retención circular cuando, por restricción ambiental, no corresponda, lo que ha derivado en el traslado de vehículos a depósitos y en el pago adicional por arrastre y resguardo, que asciende a más de 6 mil 108 pesos por incidente. Asimismo, refiere que la multa vigente por esta infracción va de 16 a 20 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a mil 876.96 y a 2 mil 346.20 pesos, respectivamente.
• La iniciativa del diputado Israel Espíndola, fundamentada en principios de sustentabilidad, identidad cultural y desarrollo rural, reconoce al agave como recurso estratégico y patrimonio biocultural.
• Contempla estímulos fiscales y financiamiento para personas productoras; establece un Plan Estatal de Repoblamiento y Manejo Sustentable, y prevé la creación del Consejo del Mezcal Mexiquense como órgano técnico de coordinación, certificación, investigación y promoción.
• El diputado de morena subrayó que esta propuesta de ley representa un equilibrio entre lo ancestral y lo moderno, entre el mercado y la dignidad, entre la economía y la naturaleza.
El diputado Israel Espíndola López (morena) propuso la expedición de la Ley de Protección e Impulso Productivo del Mezcal del Estado de México, la cual reconoce al agave como un recurso estratégico y patrimonio biocultural, por lo que plantea declarar de interés público su conservación y aprovechamiento sustentable. Asimismo, contempla el fomento a la investigación científica, así como el otorgamiento de estímulos fiscales y esquemas de financiamiento preferencial para las y los productores.
La iniciativa promueve la protección de agaves nativos, silvestres y semisilvestres para prevenir su sobreexplotación, y establece un Plan Estatal de Repoblamiento y Manejo Sustentable con incentivos para prácticas regenerativas y agricultura de conservación.
Además, reconoce en la legislación al mezcal mexiquense como un producto con denominación de origen protegida y prohíbe su imitación o uso indebido; lo declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, e impulsa la creación de rutas turísticas especializadas, así como el reconocimiento y la difusión del trabajo de las maestras y los maestros mezcaleros tradicionales.
Para la gestión del sector, plantea la creación del Consejo del Mezcal Mexiquense, integrado por personas productoras, comunidades, academia y autoridades estatales. El proyecto propone regular la sustentabilidad y el manejo de residuos en la cadena productiva, así como el uso de leña para la cocción del agave conforme a la normatividad forestal, promoviendo energías sustentables y reforestación compensatoria sin afectar los métodos tradicionales.
Para fortalecer la economía del sector, establece un régimen de estímulos fiscales y financiamiento preferencial, con reducciones de hasta el 80 por ciento en el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal durante los primeros cinco años, así como posibles reducciones o exenciones en el impuesto predial y licencias municipales.
Se crearía además el Fondo Estatal para el Desarrollo del Mezcal Mexiquense, que contempla créditos con tasas no mayores al 5 por ciento anual y apoyo al equipamiento tecnológico e infraestructura sustentable.
La propuesta impulsa también la proyección internacional mediante un Programa Estatal de Exportación y la creación del distintivo oficial ‘Sello Colibrí Estado de México – Mezcal’. En el ámbito científico, promueve bancos de germoplasma de agaves nativos y convenios con universidades para investigar procesos productivos y el aprovechamiento de subproductos.
Ante personas productoras y comercializadoras del mezcal del Estado de México, en sesión deliberante, el legislador subrayó que la iniciativa de ley representa un equilibrio entre tradición y modernidad, mercado y dignidad, economía y naturaleza.
Asimismo, reconoció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por el apoyo al sector y a las autoridades y cámaras empresariales que impulsaron la Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen ‘Mezcal’, que incluye a los municipios de Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán.
• El diputado Javier Cruz propuso aumentar las penas por daño grave, destrucción o pérdida significativa de ecosistemas, especies de flora o fauna, recursos naturales o equilibrio ambiental, así como por daños a la salud pública.
• Su iniciativa incorporaría nuevas modalidades y supuestos, como la contaminación por microplásticos, el manejo inadecuado de residuos electrónicos y la omisión de medidas de mitigación en proyectos de alto impacto ambiental.
• Incluye como delito la obstaculización, alteración o destrucción de sistemas de monitoreo ambiental, sensores, estaciones meteorológicas o equipos destinados a la vigilancia y prevención de riesgos ambientales.
Para fortalecer la protección del medio ambiente, el diputado Javier Cruz Jaramillo (morena) propuso sanciones de hasta 18 años de prisión, con agravantes en casos como: cuando el delito de ecocidio provoque daños irreversibles o afecte ecosistemas estratégicos; ocurra en áreas naturales protegidas, zonas de recarga hídrica, humedales o corredores biológicos; o se vean afectadas especies en peligro de extinción o endémicas.
Además, la propuesta de reforma al Código Penal estatal establece las mismas sanciones en los casos en que se utilicen sustancias tóxicas que pongan en riesgo la salud humana; cuando la persona responsable sea servidora pública o actúe con abuso de autoridad; en situaciones de reincidencia, colusión empresarial o participación de grupos organizados; y cuando el daño ambiental cause afectaciones directas a comunidades indígenas o rurales.
La iniciativa puntualiza que cometerá el delito de ecocidio quien, de manera dolosa, ya sea por acción u omisión, realice cualquier acto que cause daño grave, destrucción o pérdida significativa de ecosistemas, especies de flora o fauna, recursos naturales o equilibrio ambiental, así como daños a la salud pública, en contravención a las disposiciones legales aplicables.
Actualmente, los delitos contra el ambiente se sancionan con dos a ocho años de prisión y de 30 a 150 días multa, y el planteamiento del legislador sugiere establecer penas de seis a 12 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa. Adicional a esto, se propone que a las personas responsables de este delito se les añada una pena de hasta una mitad (seis años), lo que en suma representa 18 años.
Por otro lado, la pena de 12 años, también las sugiere para cuando las personas responsables obstaculicen, alteren o destruyan sistemas de monitoreo ambiental, sensores, estaciones meteorológicas o equipos destinados a la vigilancia y prevención de riesgos ambientales, en zonas de jurisdicción municipal o estatal.
Caso similar será para acciones como la contaminación por microplásticos, el manejo inadecuado de residuos electrónicos, el uso de sustancias químicas que afecten la fertilidad del suelo y la omisión de medidas de mitigación en proyectos de alto impacto.
En sesión deliberante, el legislador argumentó que el daño ambiental ocasionado por actos como la tala ilegal, la contaminación de cuerpos de agua, la emisión de contaminantes atmosféricos y la destrucción de áreas naturales protegidas tiene efectos prolongados y, en muchos casos, irreversibles, pues no solo afecta el equilibrio ecológico, sino que también genera riesgos directos para la salud humana y pérdidas económicas significativas.
• Las comisiones de Legislación y Administración Municipal, y de Desarrollo Agropecuario y Forestal del Congreso mexiquense analizan la iniciativa que propone que los ayuntamientos destinen presupuesto a proyectos de forestación y reforestación urbana en espacios públicos e infraestructura municipal.
• La propuesta de la diputada Susana Estrada (morena) plantea que estos proyectos se orienten a la generación de empleos para los grupos vulnerables en trabajos de conservación y mantenimiento de las áreas verdes.
Congresistas integrantes de Comisiones Unidas de la LXII Legislatura mexiquense destacaron la relevancia de impulsar programas y políticas públicas de reforestación, pues la pérdida de masa forestal en el país impacta en la fertilidad de los suelos, la disponibilidad de agua, la biodiversidad y la estabilidad climática que requieren las actividades agrícolas y pecuarias.
En reunión de trabajo las comisiones de Legislación y Administración Municipal, y de Desarrollo Agropecuario y Forestal, con la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) como presidenta, las y los congresistas respaldaron la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal de la legisladora Susana Estrada Rojas (morena), la cual plantea que los ayuntamientos destinen presupuesto al desarrollo de proyectos de forestación y reforestación urbana en espacios públicos e infraestructura municipal, y que tales proyectos se orienten a la generación de empleos para los grupos vulnerables en trabajos de conservación y mantenimiento de las áreas verdes.
En el encuentro, la parlamentaria Vanessa Linares recordó que en 2022 se estimó una pérdida anual superior a 160 mil hectáreas forestales en México. Señaló que cada hectárea perdida implica menor captación de agua, mayor erosión del suelo, disminución de la productividad agrícola y mayores costos para los productores.
Destacó que la restauración forestal, la protección de los suelos y la ampliación de la infraestructura verde son inversiones estratégicas. Estas acciones fortalecen la seguridad alimentaria, reducen los efectos de las sequías e incrementan la resiliencia de las regiones productivas frente al cambio climático.
El congresista Gerardo Pliego Santana (morena) resaltó que el municipio de Toluca ya realiza acciones de este tipo, además que está creando un atlas forestal que identifica los microclimas de la ciudad para atender las acciones necesarias de forestación y reforestación y así bajar la temperatura en las zonas donde se ha incrementado.
En su oportunidad, la diputada Sofía Martínez Molina (PT) destacó el sentido social de la propuesta, ya que busca generar empleos para los grupos vulnerables en las labores de conservación y mantenimiento de las áreas verdes, dignificando el trabajo y creando más oportunidades para quienes más lo necesitan.
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