Advierte Valentín Martínez necesidad de atlas de riesgos en municipios

En el análisis de su iniciativa para que todos los municipios y alcaldías cuenten con su Atlas Municipal de Riesgos, el diputado Valentín Martínez recalcó que, aunque este tipo de documentos no eliminan por sí solos peligros naturales, sí permiten reconocerlos para disminuir la magnitud de las afectaciones mediante acciones de prevención.

En el análisis de su iniciativa para que todos los municipios y alcaldías cuenten con su Atlas Municipal de Riesgos, el diputado Valentín Martínez Castillo (morena) recalcó que, aunque este tipo de documentos no eliminan por sí solos peligros naturales, sí permiten reconocerlos para disminuir la magnitud de las afectaciones mediante acciones de prevención.

En reunión de comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso mexiquense, el parlamentario señaló que algunos municipios carecen de este instrumento (documento técnico-científico para diagnosticar peligros naturales y antropogénicos, identificar zonas vulnerables y establecer mecanismos de planeación preventiva), mientras que otros trabajan con información que puede haber quedado desactualizada ante los cambios en sus territorios.

Ante el diputado Javier Cruz Jaramillo, presidente de la comisión, y la legisladora Sandra Patricia Santos Rodríguez, ambos de morena, expuso que las lluvias extraordinarias, las inundaciones y los deslaves evidencian las consecuencias de no anticipar los riesgos, entre ellas, la pérdida de vidas humanas, las afectaciones a viviendas, el aislamiento de comunidades y la interrupción de servicios.

En este sentido, el proponente refirió que los atlas municipales de riesgos sirven para identificar peligros naturales y antropogénicos, ubicar zonas vulnerables y orientar la planeación urbana, las obras públicas y las medidas preventivas.

Valentín Martínez, quien preside la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso mexiquense, informó que también trabaja en la presentación de otra propuesta relacionada con la elaboración, actualización, revisión y difusión de los atlas municipales de riesgos.

Cabe señalar que el proyecto legislativo analizado en comisiones plantea reformar la Constitución federal para establecer expresamente la obligación municipal de elaborar estos instrumentos, conforme a la normatividad emitida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

También propone reformar la Ley General de Protección Civil para que el Cenapred vigile la elaboración de los atlas locales y su integración al Sistema Nacional de Protección Civil dentro de los primeros 90 días naturales, contados a partir del inicio del periodo constitucional de cada gobierno, y que estos se actualicen anualmente, a más tardar en marzo de cada año.

De igual forma, la iniciativa establece que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales que, al entrar en vigor el decreto, no cuenten con su respectivo atlas de riesgos deberán elaborarlo en un plazo máximo de 90 días naturales y presentarlo ante la autoridad estatal de protección civil para su incorporación al Sistema Nacional de Protección Civil.

La iniciativa, de ser aprobada por el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense, será remitida al Congreso de la Unión para el trámite constitucional correspondiente.

Respaldan congresistas más recursos a municipios por turismo

Congresistas de morena en la LXII Legislatura mexiquense respaldaron elevar, del 5 al 50 por ciento, la proporción de los ingresos por entradas a museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la federación que reciben los municipios.

Congresistas de morena en la LXII Legislatura mexiquense respaldaron la propuesta de su compañero, el diputado Samuel Hernández Cruz, para elevar, del 5 al 50 por ciento, la proporción de los ingresos por entradas a museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la federación que reciben los municipios, pues aseguraron que contribuirá a fortalecer la infraestructura turística y mejorar la calidad de vida de la población.

Lo anterior en reunión de trabajo de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Planeación y Gasto Público, y Finanzas Públicas, para analizar la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos que plantea este incremento en favor de las demarcaciones de México y esta entidad.

En la reunión que presidió el diputado Javier Cruz Jaramillo (morena), Samuel Hernández apuntó que su propuesta se trata de un acto de justicia, toda vez que el aumento podría traducirse en una mejor infraestructura para recibir el turismo y una mejor calidad de vida de quienes habitan en esos municipios.

Añadió que estas localidades asumen tareas de seguridad y otros servicios en esas zonas, por lo que deben ser quienes obtengan un mayor beneficio de contar con sitios tan importantes para los estados y la nación.

En su intervención, la parlamentaria Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) afirmó que la propuesta busca traducir la riqueza cultural de México en bienestar para las comunidades que la albergan. Destacó la importancia de responder a una pregunta fundamental: ¿cómo lograr que los beneficios económicos generados por este patrimonio se reflejen en mejores condiciones de vida para la población que habita en las zonas donde se ubica?

Al compartir que en 2023 el Producto Interno Bruto del país en materia turística alcanzó 2 billones 582 mil 1 millones de pesos, la legisladora Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena) expuso que en las comunidades con este tipo de atractivos las personas originarias son las que menos beneficios reciben, por lo que, de aprobarse la propuesta, podrán elevar su calidad de vida.

La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos, presentada por la congresista Sara Alicia Ramírez de la O (PT), propone destinar el 50 por ciento de los ingresos recaudados por el acceso a museos, monumentos, sitios y zonas arqueológicas propiedad de la Federación a los municipios donde se encuentran estos espacios. Los recursos se utilizarían para financiar obras de infraestructura y fortalecer la seguridad en dichas zonas, conforme a los convenios que se celebren entre las entidades federativas y los municipios correspondientes.

Asimismo, la ley citada establece que dichos ingresos se destinen al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, mientras que solo el 5 por ciento se asigna a las demarcaciones donde se generan. Además, establece cuatro categorías tarifarias para el cobro de acceso, con montos que oscilan entre 104.50 y 209.09 pesos.

Cabe señalar que el proyecto legislativo, de aprobarse por el Pleno del Congreso estatal, se turnará al Congreso de la Unión.