LEGISLATURA

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CRISTALAZO Y ROBO DE AUTOMOTORES ESTACIONADOS SERÁN DELITOS GRAVES
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La ruptura de cristales, la violación de sus sistemas de seguridad o antirrobo, la sustracción de autopartes y valores diversos, como equipaje, y la inhibición de sus sistemas de geolocalización, así como llevar a cabo el hurto cuando los vehículos estén estacionados con o sin ocupantes, serán considerados como delitos graves y con lo cual se asegura la prisión preventiva.
Así lo establecen las reformas al Código Penal del Estado de México aprobadas por unanimidad de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la 60 Legislatura mexiquense, las cuales deberán ser ratificadas por el Pleno legislativo antes de adquirir vigencia.
Actualmente el Código Penal de la entidad ya considera como agravantes en el delito de robo causar la muerte del o los sujetos pasivos; la violencia física, moral y sobre los bienes; la participación de más de dos sujetos activos; la presencia de menores, mujeres, adolescentes o adultos mayores, y el que se lleve a cabo en unidades de transporte público, entre otras.

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En reunión de dictamen bajo la presidencia de la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), los integrantes de las comisiones avalaron la iniciativa del diputado Gerardo Ulloa Pérez (morena) que modifica el artículo 290 del Código Penal de la entidad con el propósito elevar también a delito grave las modalidades del robo de vehículos señaladas.
Antes de la votación, el legislador Gerardo Ulloa agradeció las aportaciones de las diferentes fuerzas políticas en el Congreso a su iniciativa y explicó que es una demanda ciudadana, particularmente de los vecinos del municipio de Nezahualcóyotl, donde reside. Instó a sus compañeros a seguir trabajando en esta línea, pues la gente demanda acuerdos para reformas como ésta, que no “tiene color”.

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También de morena, la legisladora Beatriz García Villegas apuntó que México ocupa el segundo lugar en América Latina en este delito solo después de Brasil y agregó que es un ilícito que afecta el patrimonio y merma la confianza en las autoridades, pues el índice de recuperación es bajo y en autopartes prácticamente nulo.
El diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT) se mostró a favor, pero señaló que es mejor atacar las causas profundas. Al señalar que es necesario trabajar por más educación y mejores salarios, entre otras acciones, se sumó a la tesis del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que la paz y tranquilidad social son fruto de la justicia.
Del PRI, la legisladora María Lorena Marín Moreno indicó que su partido siempre apoyará acuerdos legislativos como éste para brindar mayor seguridad y beneficios a los mexiquenses, en tanto que Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN) afirmó que este delito ha dejado al país pérdidas por más de 2 mil 500 millones de pesos.
Para Carlos Loman Delgado, del grupo de legisladores sin partido, la reforma desincentivará a los delincuentes a cometer estos delitos por la severidad con que serán castigados. Por su parte, los diputados de morena Margarito González Morales y Gabriel Gutiérrez Cureño se adhirieron a la iniciativa por conisderar que el robo de autos generó desconfianza hacia la autoridad por la impunidad en su combate y porque afecta toda la economía de la entidad y el país.
El coordinador parlamentario del PRD, el diputado Omar Ortega Álvarez, dijo que con esta reforma los delincuentes, antes de cometer un delito de este tipo, “lo van a pensar más”.

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CON ACUERDO LEGISLATURA-CODHEM INICIA FUNCIONES VISITADURÍA PARA ATENDER A PUEBLOS ORIGINARIOS
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A fin de que las personas indígenas cuyos derechos humanos sean violados cuenten con el apoyo, respaldo y acompañamiento de una oficina especializada, la diputada María de Jesús Galicia Ramos, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la 60 Legislatura, y Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), firmaron un acuerdo para la creación de la Visitaduría Adjunta de Atención a los Pueblos Originarios.
La legisladora dijo que la puesta en marcha de esta visitaduría es el resultado de la coordinación entre el Congreso local y la Codhem, en un esfuerzo conjunto por reconocer la historia y legado de los pueblos originarios. “Valoramos su enorme aportación cultural a nuestro amado pueblo, el Estado de México, a nuestro país y el mundo entero”, señaló.
El fin de la visitaduría adscrita a la Visitaduría General de Atlacomulco y que abarca 15 municipios, precisó la legisladora, es garantizar los derechos humanos a quienes han sido y son discriminados por su vestimenta y su lengua y para decirles a quienes realizan dichos actos que están olvidando lo importante que esta población es para el presente, agregó la diputada, integrante del Grupo Parlamentario de morena.
Acompañada de la legisladora Alicia Mercado Moreno, presidenta de la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables, Galicia Ramos indicó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas en el mundo habitan aproximadamente 370 millones de personas consideradas indígenas (más de 5% de la población mundial); sin embargo, advirtió que pese a la riqueza cultural e histórica que estos pueblos aportan a la sociedad moderna, “es uno de los grupos con mayor desigualdad y discriminación”.
Señaló que en México existen 68 pueblos indígenas, que representan más de 12 millones de personas, mientras que la entidad ocupa la posición número 13 con mayor cantidad de personas de habla indígena (2.5% de la población estatal). De los territorios donde se asientan los cinco pueblos originarios mexiquenses —mazahua, otomí, náhuatl, matlatzinca y tlahuica—,  18 poseen un grado de marginación muy alto; seis, medio; siete, bajo, y uno, muy bajo. Los municipios con mayor cantidad de población indígena son San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Temoaya, Ixtlahuaca y Toluca.

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En el auditorio 'Mónica Pretellini' de la Codhem, luego de una ceremonia ancestral a cargo de representantes mazahuas de San Felipe del Progreso, se tomó protesta de Teresa Nava Bernal, como titular de la Visitaduría Adjunta.
Jorge Olvera expuso que la firma de este acuerdo y la puesta en funcionamiento de la visitaduría materializa la iniciativa de la diputada García Ramos y coincidió en que es resultado de la suma voluntades para asegurar los derechos humanos de los pueblos originarios, hacer escuchar su voz y que tomen su papel de titulares de derechos públicos.
Reconoció el compromiso de la 60 Legislatura para incluir los derechos de los pueblos indígenas en la ley, por su desempeño en materia de derechos humanos y por la aprobación de la iniciativa de ley que profesionaliza y certifica a los defensores municipales de derechos humanos. Exhortó además a recuperar las iniciativas sobre el derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo o el derecho de todas las personas a formar una familia.

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En este evento también participaron Efraín Martínez Guzmán, Laura Olivares Torres y Juana Colín Piña, hablantes de las lenguas otomí, náhuatl y mazahua, respectivamente, quienes llamaron a rescatar los idiomas, costumbres, tradiciones y conocimientos de los pueblos originarios, así como a luchar por la paz y la justicia.
La Visitaduría Adjunta de Atención a los Pueblos Originarios, adscrita a la Visitaduría General sede Atlacomulco, recibirá las quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos de las personas pertenecientes a los pueblos originarios presentadas ante las visitadurías generales de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Tenango del Valle, Toluca y de Supervisión Penitenciaria, que reciban.

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HASTA 10 AÑOS POR ROBO A UNIDADES ECONÓMICAS, AVALAN COMISIONES LEGISLATIVAS
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Establecer como delito grave el robo a unidades económicas tanto comerciales como productivas y de servicios, con penas de cinco a 10 años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin exceder mil 500 días-multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos, aprobaron por unanimidad las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública y Tránsito de la 60 Legislatura mexiquense.
La reforma al artículo 290 del Código Penal se complementa con una modificación al artículo 20 de la Ley de Seguridad, ambos del Estado de México, para agregar, como atribución de los ayuntamientos en materia de seguridad pública, el dictar políticas para implementar acciones coordinadas entre el ámbito público y privado con el objeto de prevenir actos delictivos.

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En la sesión de trabajo, presidida por el diputado Sergio García Sosa, la legisladora proponente, Karla Leticia Fiesco García (PAN), señaló que se trata de atacar un delito que tanto en el ámbito nacional como estatal va al alza. Añadió que diariamente se abren 33 carpetas judiciales de investigación por estos delitos que en los últimos cinco años han crecido 184%, en tanto que de noviembre del año pasado a la fecha se han iniciado más de tres mil.
Añadió que según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas de 2017, se han reportaron casi un millón y medio de estos ilícitos, con pérdidas y costos en seguridad por más de 163 mil millones de pesos, casi 70 mil por negocio. Por lo anterior, dijo, es necesario redoblar esfuerzos para combatirlo.

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Al otorgar su avala a la propuesta, la diputada del PRI Maribel Martínez Altamirano expresó que afrontar este mal es un reclamo constante de la población, por lo que urge dar respuesta y decir un enérgico ¡Ya basta! Al aprobarla, dijo, se manda un mensaje a la delincuencia de que quien robe no se saldrá con la suya.
El coordinador parlamentario del PRD, el diputado Omar Ortega Álvarez celebró la iniciativa, ya que la entidad tiene el segundo lugar nacional en este ilícito, que va al alza. A su vez Carlos Loman destacó la buena intención de la propuesta.
Por su parte, Liliana Gollas Trejo (morena) se pronunció por establecer también acciones preventivas y exhortó a sus compañeros a trabajar juntos en este tipo de propuestas para dar respuesta a quienes los eligieron y a los más de 17 millones de mexiquenses.

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INICIARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 
Integrará las iniciativas existentes y las propuestas recabadas en los foros que se realizan en todo el Estado de México.
 
La Comisión de Participación Ciudadana de la 60 Legislatura local aprobó la instalación de mesas de trabajo para iniciar la construcción de la propuesta de Ley de Participación Ciudadana del Estado de México, las cuales se llevarán a cabo cada 15 días con la participación de las y los legisladores que integran este órgano parlamentario, sus equipos técnicos, organizaciones y especialistas en la materia.
En las reuniones de trabajo se analizará la información y las propuestas recabadas durante los 14 foros —de 20 en total— que se han llevado a cabo hasta el 31 de enero en las diferentes regiones del estado.
                Por ello, la legisladora María Lorena Marín Moreno (PRI), presidenta de la Comisión, entregó a los integrantes un balance que concentra las relatorías de los foros, para que las analicen y en las próximas reuniones presenten sus observaciones correspondientes, así como sugerencias y propuestas.

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Además, les entregó un cuadro comparativo en el que se muestran los mecanismos de participación ciudadana solicitados de manera constante durante los foros para que también se incluyan en las iniciativas presentadas por las legisladoras morenistas Montserrat Ruiz Páez y Beatriz García Villegas, las que, por perseguir el mismo fin, serán tomadas en cuenta en las mesas de trabajo e integradas a la propuesta de ley.
Los mecanismos identificados son plebiscito, consulta ciudadana, referéndum, iniciativa popular, colaboración ciudadana, contraloría ciudadana, audiencia pública y red de rendición de cuentas.
Respecto a la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo referente a la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Comisión acordó invitar a funcionarios del gobierno del estado involucradas con la propuesta para que resuelvan las dudas de los diputados.

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APRUEBAN INSCRIPCIÓN DIRECTA DE RESOLUCIONES SOBRE PREDIOS ANTE EL IFREM

 

 
Por unanimidad, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la 60 Legislatura aprobaron que las resoluciones ejecutorias que declaren procedentes las informaciones de dominio o posesión de un predio se inscriban en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), una vez acreditado el pago de las contribuciones correspondientes señaladas en la legislación vigente, sin necesidad de ser protocolizadas ante notario público.       

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Lo anterior, de acuerdo con la iniciativa de reforma al artículo 3.29 del Código de Procedimientos Civiles presentada por la diputada Violeta Nova Gómez (morena), que tiene el fin de eliminar un requisito legal que no se justifica ni es necesario, ya que una vez que un juez ha declarado la posesión o dominio mediante una información particular, es evidente que se trata de una decisión en firme que no requiere ser confirmada por nadie más, pudiéndose proceder a su registro inmediato ante el IFREM.
En reunión de dictamen que presidió la legisladora María Mercedes Colín Guadarrama, Violeta Nova agregó que se incluye la condición de hacerlo una vez acreditado el pago de las contribuciones correspondientes señaladas en la legislación vigente, para garantizar un proceso apegado a derecho pero, además, para evitar afectaciones al erario, pues no se exime a nadie de pagar las contribuciones a las que haya lugar.
Otro beneficio de esta propuesta, señaló la presentante, es que se apoya la economía de las familias que requieren regularizar sus bienes inmuebles, pues ya no será necesario que realicen pagos extraordinarios, como del la protocolización ante notario público de su información de posesión.

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En el debate respectivo, el coordinador del PRD, diputado Omar Ortega Álvarez, apuntó que esta reforma es congruente con una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentido semejante, por lo que es bienvenida.
De morena, el legislador Max Agustín Correa Hernández señaló que servirá para que las familias regularicen su patrimonio sin hacer gastos injustificados, y su compañero Margarito González Morales se sumó a la aprobación porque se garantizará la propiedad efectiva de los bienes, en tanto que Julio Alfonso Hernández Ramírez apuntó que esta reforma está alineada con las recientes modificaciones en materia de usucapión.
Del PT, Luis Antonio Guadarrama Sánchez explicó que la propuesta es correcta porque la resolución de un juez en este ámbito no afecta a terceros, mientras que la protocolización de un bien ante un notario nunca es suficiente y puede ser impugnada.
Juan Maccise Naime, diputado del PRI, expresó que la reforma permitirá un proceso administrativo ágil y de bajo costo. La diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) expuso que se acortarán tiempos y se reducen costos, mientras que la legisladora Karla Fiesco García (PAN) aseguró que se trata de un acto de solidaridad social que dota al gobierno de herramientas para eliminar la doble carga administrativa, en tanto que el diputado sin partido Carlos Loman Delgado dijo que se enmarca en la simplificación administrativa.
El dictamen correspondiente será programado ante el Pleno para su calificación final.

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PROPONEN ACCIONES PARA RESCATAR LENGUAS MATERNAS

 
La recuperación de las lenguas maternas es una tarea ardua que requiere trabajo comunitario y sensibilización para fortalecer la identidad étnica, por lo que se necesita que las instituciones y las comunidades trabajen coordinadamente, coincidieron representantes indígenas y funcionarios participantes en el Segundo Encuentro de Lenguas Indígenas del Estado de México, realizado en San Felipe del Progreso.
El evento, que tuvo como objetivo el intercambio de experiencias de representantes indígenas de el municipio anfitrión, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Luvianos, Temoaya, Acambay y Villa de Allende para promover la conservación de las lenguas maternas, fue organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el centro INAH Estado de México, el ayuntamiento de San Felipe del Progreso y la Comisión de Asuntos Indígenas de la 60 Legislatura, presidida por la diputada Juliana Felipa Arias Calderón.
Los representantes indígenas concordaron en que la pérdida de la lengua materna se debe combatir desde el hogar y en las escuelas, para que las instituciones y los integrantes de los pueblos originarios emprendan acciones en conjunto, y señalaron que los gobiernos deben respetar las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos indígenas y consultarlos cuando quieran hacer uso de lugares considerados como sagrados. También propusieron que se haga más difusión de la lengua a través de las tecnologías.

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En nombre de la legisladora Juliana Arias, el secretario técnico de la Comisión de Asuntos Indígenas, Ausencio Valencia Largo, puntualizó que el encuentro ayuda a la sensibilización de la sociedad para revitalizar las lenguas indígenas, ya que actualmente hay preocupación por que no se pierda cerca del 60% de los idiomas en México.
Pese a que el marco legal obliga a las autoridades a implantar las lenguas maternas en las escuelas de nivel básico, explicó Ausencio Valencia, se mantiene el pensamiento de que lo único importante es hablar inglés, por lo que, agregó, la diputada Juliana Arias ha exhortado a la Secretaría de Educación a respetar la normatividad, razón por la cual la Comisión se reunirá con funcionarios estatales para recuperar las lenguas en la entidad.
En su intervención, Luis Antonio Huitrón Santoyo, director del Centro INAH Estado de México, indicó que este evento ha sido una oportunidad para movilizarse en favor de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el relativo a la educación inclusiva, ya que, subrayó, la educación y la información en lengua materna son fundamentales para mejorar el aprendizaje y fomentar la confianza y autoestima de los integrantes de los pueblos originarios.

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Agregó que para el gobierno mexicano los pueblos indígenas son sujetos fundamentales de la transformación nacional y de la renovación de la vida pública; que en la entidad se reconoce la existencia de los pueblos originarios mazahua, otomí, náhuatl, matlatzinca y tlahuica, además de migrantes de otras entidades federativas, y que en 2015 había 421 mil 743 hablantes de alguna lengua indígena, de los cuales 308 mil 587 pertenecerían a los pueblos originarios.
Detalló que el Estado de México ha sido receptor de población indígena de otros lugares del país, ya que en 2015 se contaron 113 mil 156 hablantes de alguna lengua indígena, como mixtecos, mazatecos, zapotecas, totonacas, provenientes principalmente de Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.
En su conferencia magistral, Antolín Celote Preciado, antropólogo de la Secretaría de Educación Pública, habló sobre la historia, la cultura y la lengua mazahua, y subrayó que muchas de las lenguas indígenas se hablan pero ya no se escriben, por lo que exhortó a los representantes de los pueblos originarios a reforzar desde el hogar las tradiciones y costumbres de sus antepasados. Expuso que en México existen 68 lenguas indígenas que se agrupan en 11 familias lingüísticas, y que se debe defender la identidad de los pueblos originarios a través de la lengua.
Como representante de Alejandro Tenorio Esquivel, alcalde de San Felipe del Progreso, Vicente González expresó la necesidad de trascender el discurso político para generar acciones pertinentes y prudentes en beneficio de las etnias, por lo que llamó a las instituciones a coordinarse para fortalecer el orgullo de las culturas indígenas, en tanto que Adriana Medina Salgado, en representación de Paloma Bonfil, coordinadora nacional de Antropología del INAH, se manifestó por divulgar la importancia de los proyectos que buscan el rescate de las lenguas indígenas. 
 

 

    

 

 

 

LA TRIBUNA ESTADO DE MÉXICO