LEGISLATURA




 

Acuerdan en Comisión solicitar información detallada de los proyectos para la prestación de servicios



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La Comisión Legislativa de Seguimiento de la Operación de Proyectos para  la Prestación de Servicios (PPS) de la 60 Legislatura, que preside la diputada Julieta Villalpando Riquelme, acordó solicitar más información sobre dichos proyectos al gobierno estatal, a fin de allegarse de elementos que les permitan una adecuada toma de decisiones al revisar y aprobar el Paquete Fiscal para el año 2019.


    En sesión de trabajo, la diputada Julieta Villalpando informó que a través de la Junta de Coordinación Política se solicitó información al gobierno del estado respecto a estos proyectos, pero solo les hicieron llegar el avance o porcentaje de las obras realizadas bajo esta modalidad, que es un esquema de inversión pública en donde coparticipa la iniciativa privada y su actividad se enfoca a la provisión de servicios, principalmente de infraestructura urbana.


    Al respecto los diputados Anaís Miriam Burgos Hernández y Julio Alfonso Hernández Ramírez, ambos de morena, se sumaron a la propuesta de la presidenta para solicitar nuevamente información sobre los PPS, pero esta vez de forma detallada, con el fin de transparentar los recursos aplicados.


El diputado Julio Alfonso Hernández también solicitó poner plazo para la entrega de la información, ya que, dijo, es grave que no se haya atendido la petición de la comisión y consideró que “en materia de transparencia esto nos habla de una total opacidad”.


Por parte del PRI, la diputada Maribel Martínez Altamirano dijo que su grupo parlamentario actuará siempre apegado al marco de la ley, contribuyendo a la resolución de las demandas de la sociedad y exponiendo iniciativas para lograr una mayor transparencia y certeza jurídica en los procesos de contratación de los proyectos para la prestación de servicios.


El diputado Juan Maccise Naime, también priísta, señaló que su bancada está a favor de la transparencia: “En este momento no podemos emitir un juicio de valor, primero debemos tener los datos y de ahí partir para generar las directrices de trabajo de esta comisión”.


    En esta sesión también fue nombrado Mario Alberto Torres Mena como secretario técnico de la comisión.




 




QUITAR A EXGOBERNADORES PRIVILEGIOS CON CARGO AL ERARIO, PROPONE AZUCENA CISNEROS

 





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Retirar a los exgobernadores mexiquenses privilegios con cargo al erario como bono, remuneración o personal a su servicio, que vayan más allá de lo señalado en la ley como pensión, liquidación o retiro, propuso la diputada Azucena Cisneros Coss (morena), presidenta de la Directiva de la 60 Legislatura, a efecto de “contraponer a esa vieja cultura política, nuevas formas del ejercicio del servicio público apegadas a los principios de igualdad, transparencia y austeridad”.

“Poner freno a la opulencia, la desigualdad, los privilegios y el derroche de los recursos públicos, constituyen aspiraciones que la mayoría de los mexicanos y mexicanas desean hacer realidad en su trato con las autoridades que han elegido democráticamente”, expuso.

Lo anterior, al dar lectura a su iniciativa de abrogación del decreto 87 emitido por la 36 Legislatura del Estado de México, publicado el 18 de julio de 1945 en la Gaceta del Gobierno y con la cual, a su vez, quedaría sin efectos el decreto expedido por el titular del Ejecutivo estatal el 7 de mayo de 1993, en la Gaceta del Gobierno número 86, que establecen que los exgobernadores pueden recibir premios y recompensas, así como apoyos para la preservación de su seguridad y personal para el desarrollo de actividades.

Explicó que el citado decreto del Ejecutivo establece que los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de gobernador contarán, al terminar su gestión, con la adscripción por parte del gobierno estatal, de un jefe de ayudantes con categoría de subdirector, un chofer ayudante, tres ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública y una secretaria.

“Sin duda, la existencia de ambos decretos ha favorecido un tratamiento contrario a derecho; de ningún modo se justifica que, una vez que los gobernadores del Estado de México han concluido con su gestión, se les destine, con cargo al erario, personal para desempeñar actividades ajenas al servicio público”, señaló Azucena Cisneros.

Indicó que en esa situación no solo se advierte un uso indebido de recursos sin fundamento en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión de carácter público, sino el establecimiento de una remuneración más allá de lo señalado por la ley como pensión, liquidación o retiro.

Dijo que la asignación de personal de seguridad para exmandatarios estatales conlleva un tratamiento desigual frente al requerimiento del resto de la ciudadanía, por lo que cuestionó si el personal destinado para esas tareas no sería más necesario para combatir actividades relacionadas con entornos violentos y delictivos de la entidad.

“Una actuación contraria a esto estaría contraviniendo el principio elemental de igualdad ante la ley y perjudica el acceso equitativo al derecho más fundamental de la ciudadanía, que es la seguridad”, agregó.

Respecto a la seguridad destinada a exfuncionarios relacionados con actividades de riesgo debido al desempeño de sus cargos, la legisladora consideró que se trata de situaciones excepcionales, las cuales están justificadas, aunque señaló que debe existir una motivación y regulación, como el acuerdo emitido el 3 de diciembre de este año por medio del cual la Fiscalía General del Estado de México actualizó los denominados ‘Lineamientos para la protección y seguridad a través de la asignación del servicio de escolta’.

En sesión del Primer Periodo Ordinario indicó que si los exgobernadores enfrentan alguna situación de riesgo es obligación del Estado asumir, a efecto de garantizar en condiciones de igualdad, la protección y seguridad como con cualquier ciudadano.

Subrayó que con el arribo de la nueva mayoría parlamentaria de morena representada en la 60 Legislatura, se establece la necesidad de contraponer, a la vieja cultura política que dominó el pasado, nuevas formas del ejercicio del servicio público apegadas a los principios de la igualdad, transparencia y  austeridad que permitan acercar la distancia creada entre la clase política y la ciudadanía.

La legisladora añadió que la exigencia ciudadana obliga a tomar acciones como la abrogación de los mencionados decretos, al considerar que el Estado de México ocupa el tercer lugar entre las cinco entidades más endeudadas del país, que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios enfrenta un endeudamiento que asciende a 2 mil 767 millones de pesos y que el Sistema de Justicia del estado enfrenta graves problemas ante la insuficiencia de recursos.

 


 

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CONEME

 

 




LA TRIBUNA ESTADO DE MÉXICO