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Buscan que pensiones y jubilaciones sigan indexadas al salario mínimo
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• El diputado Félix Pichardo (Morena) planteó reformar el transitorio sobre desindexación y el artículo 123 constitucional
 
• La población debe contar con pensiones adecuadas que les alcance para llevar una vida digna

 
El diputado Hugo Adrián Félix Pichardo (Morena) presentó una iniciativa para que las pensiones o jubilaciones sigan indexadas al salario mínimo y no a la Unidad de Medida y Actualización.
Plantea que las instituciones de seguridad social y las autoridades correspondientes, en el cálculo de las pensiones, jubilaciones y todas las prestaciones de seguridad social, estarán obligadas a tomar el salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia.
Las reformas propuestas son al artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, y a la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Carta Magna.
En los considerandos de la iniciativa, remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, se señala que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, publicada por el Inegi, en el país la población adulta de 30 a 59 años aumentó de 25.5 a 37.4 por ciento, y la de 60 años o más pasó de 6.2 a 11.3. Este último incremento es un indicio de que el país pasa por un proceso de envejecimiento demográfico.
Además, la encuesta menciona que en el país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más; de ellas, 1.7 millones viven solas; 4 de cada 10 personas de 60 años o más que viven solas (41.4 por ciento) son económicamente activas; 7 de cada 10 (69.4) personas de edad que viven solas presentan algún tipo de discapacidad o limitación.
Resalta que con esas cifras se puede decir que el núcleo poblacional de personas adultas mayores va a aumentar en las próximas décadas hasta convertirnos en una población mayoritariamente de 65 años y más.
Considera que uno de los principales retos es atender a este núcleo poblacional y más cuando la esperanza de vida ha ido en aumento; por ejemplo, una de las acciones “que debemos tener son pensiones que les alcance para llevar una vida digna después de haberse entregado al trabajo durante muchos años”.
Afirma que se está a tiempo de modificar la Constitución para contar con pensiones adecuadas a la población y no a los que señalan los grandes capitales, pues las prestaciones sociales son un derecho humano reconocido en el artículo 1º, párrafo primero, de la Carta Magna y no hay argumentos jurídicos para que las pensiones se calculen con base a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), porque solo se actualizan a partir de la inflación y no a través del salario mínimo.
Expone que “de nada sirve celebrar el aumento al salario mínimo si los pensionados no disfrutan de ese triunfo histórico. Tenemos una gran deuda con millones de jubilados y pensionados; por eso, el objetivo es desvincular las jubilaciones y pensiones de la UMA, y con ello estaríamos pasando del discurso a los hechos”.

 
 
Pide PRI actualizar estrategia de ciberseguridad para proteger información de las y los mexicanos
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* La bancada impulsa un punto de acuerdo para que el Legislativo haga la solicitud correspondiente a Segob, SSPC y SFP
 
Palacio Legislativo.- Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, que coordina el diputado René Juárez Cisneros, exigieron al Gobierno Federal diseñar una estrategia digital nacional de ciberseguridad actualizada y articulada que prevenga de ataques a los sistemas y portales electrónicos de las instituciones públicas.
En un comunicado, informaron de la presentación de un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar a las secretarías de Gobernación (Segob), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Función Pública(SFP) que, en el ámbito de sus competencias, diseñen dicha estrategia, con el objetivo de resguardar la información personal de las y los ciudadanos e igualmente rindan un informe al Poder Legislativo respecto a los daños y perjuicios ocasionados a la Lotería Nacional por el ataque de “ransomware” que sufrió en fechas recientes.
Explicaron que el funcionamiento óptimo de la infraestructura crítica del Estado depende de la ciberseguridad, y México ha sido blanco de varios “hackeos” en instituciones como: Banco de México (Banxico), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Economía, SFP, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y Servicio de Administración Tributaria (SAT), “hechos que obligan a dar seguimiento a los robos de información y a enfrentar de manera articulada los riesgos que implica la digitalización.
“La nueva realidad indica que aún estamos lejos de ser inmunes a los riesgos cibernéticos, por eso la importancia de centrar los esfuerzos del Gobierno Federal en realizar evaluaciones de riesgo ante posibles ataques; actualizar los sistemas informáticos; desarrollar capacidades para efectuar copias de seguridad de datos, aplicaciones e infraestructura de soporte; ampliar la coordinación y colaboración y trabajar en la cultura de ciberseguridad, educar y capacitar a los servidores públicos para defender la infraestructura tecnológica de las dependencias de la Administración Pública Federal”, señalaron.
“El caso de la Lotería Nacional crea suspicacias; oficialmente se dijo que sustrajeron datos administrativos, documentos de convenios y contratos, registros legales, correspondencia, estados financieros, certificados notariales e información de ‘outsourcing’”, abundaron.
Las y los diputados del PRI consideraron que actualizar la estrategia nacional de ciberseguridad puede fomentar una sociedad digital más segura, “y para obtener mejores resultados y soluciones hay que tomar decisiones e invertir recursos en tecnologías de la información, de manera contraria, más recortes al gasto en esta materia nos hace presa fácil de los piratas cibernéticos”.
Las diputadas y los diputados priistas insistieron en subrayar que gastar en la agenda digital es de lo más rentable, “sólo hay que convencer al Gobierno de invertir recursos en medidas preventivas de la infraestructura crítica, para evitar que los daños en contra de algunas dependencias sean más graves”.
Apuntaron que durante el primer año de gestión del actual Gobierno Federal el presupuesto destinado a software y programas antivirus se redujo significativamente. “Se destinó 17.7 millones de pesos en la renovación de licencias y adquisición de programas antivirus en 2019, cifra 63.8% menor al gasto ejercido en este rubro durante 2018”.

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